Blog

Colectivo de Derechos Humanos / Noticias  / Violaciones a los derechos humanos de la población campesina nicaragüense.
Colectivo Nicaragua nunca+ CIDH

Violaciones a los derechos humanos de la población campesina nicaragüense.

“No queremos que sigamos muriendo los campesinos porque estas manos campesinas son las que les dan de comer y ¿por qué nos matan a nosotros? ya no queremos morir”

(campesino de Santa María de Pantasma-Jinotega)

El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca+ junto al Grupo de Acción Penal y el Movimiento Campesino Nicaragüense, acompañados por la Fundación para el Debido Proceso presentó en Washington un informe: “Derechos humanos de la población campesina” el cual fue presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, en Audiencia Temática en el marco del 173 periodo de sesiones de este organismo, ante el cual se expuso la grave situación de derechos humanos como resultado de la represión gubernamental expresada en la persecución, asedio, criminalización y ejecuciones extrajudiciales de la población campesina.

El informe señala que las acciones represivas tenían como finalidad desarticular el liderazgo del Movimiento Campesino; al menos seis líderes campesinos fueron apresados como Pedro Mena, Víctor Díaz, Lener Fonseca, Ronald Henríquez, Fredy Navas y Medardo Mairena. Otros tuvieron que exiliarse por las amenazas como Francisca Ramírez, Juana Juárez, Javier Carmona, Nemesio Mejía, Henry Ruiz y otros.

Otros fueron víctimas de heridas graves por armas de fuego, como en el caso de Juan Gabriel Mairena, que aún tiene la bala alojada en el cuerpo o bien Juan Gabriel Cordero, quien durante la persecución en el campo, fue herido en sus rodillas, siendo rescatado por otros campesinos, que lo cargaron en hamacas por varios días hasta sacarlo a Costa Rica y recibir atención médica; no obstante, él y su pareja, con 7 hijos vivos, cargan el sufrimiento de la pérdida de una niña de 7 años, que durante esta represión, falleció por problemas de salud, sin que pudiera recibir atención médica, debido al terror que tienen hacia las autoridades, inclusive las de salud.

Asimismo, en este se recogen testimonios e informaciones anteriores al 2018 que dejen en evidencia que la represión en el campo no es de ahora. Entre 2008 y 2017, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos “CENIDH”, registró al menos 25 asesinatos de líderes campesinos opositores, de los cuales doce fueron perpetrados en territorio hondureño. En 14 reportados como “enfrentamientos” u operaciones realizados por el Ejército o la Policía y en al menos la mitad de los casos, por fuerzas combinadas contra supuestos grupos de delincuentes, a quienes vinculaban a casos de abigeato o narcotráfico. En su mayoría sometidos a actos de torturas previo a su muerte.

Estos operativos se caracterizaron por su efectividad expresada en el alto número de fallecidos en un corto tiempo, lo que sugiere la culminación de un trabajo de inteligencia, siendo evidente que el objetivo era matar y no capturar.

Uno de estos graves hechos, ocurrió en noviembre de 2017, en un operativo militar en la comunidad San Pablo 22, donde ejecutaron a seis personas entre ellos dos menores de edad. La niña se encontraba con señales de haber sido violada. Los 6 cuerpos fueron enterrados en fosas comunes y hasta el día de hoy, Elea Valle, madre de los niños, exige la entrega de sus cuerpos.

Después de 2018 estos asesinatos se han incrementado. Entre enero y septiembre de 2019, el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca+ monitoreó 30 casos de los cuales 22 ocurrieron en Jinotega, 3 estaban refugiados en Honduras y 1 en Costa Rica que según autoridades costarricenses fue abatido por militares del Ejército de Nicaragua.

Una característica común de las víctimas es que estaban vinculados a las protestas iniciadas en abril 2018 o tenían un reconocimiento político opositor. Como en el caso de Oliver Montenegro, asesinado el 23 de enero de este año en Jinotega, a quien le dejaron su rostro desfigurado a balazos y machetazos. Según sus familiares en el acto hubo participación de policías combinados con paramilitares. Para agravar la situación de su familia, entre junio y julio, fueron asesinados su hermano Edgar Montenegro, su sobrino Yalmar Zeledón ambos en Honduras y su cuñado Francisco Blandón en Wiwilí.

En general, en los casos reportados, se observa que los perpetradores, operaban en grupos de 2 o hasta 18 personas, como en el asesinato de Jesús Gregorio Montano, ocurrido el 14 de abril, que, según testigos, cerca de 18 paramilitares rodearon su propiedad y se lo llevaron, siendo luego encontrado con cuatro impactos de bala en su cuerpo y señas de tortura.

Al revisar los hechos de los asesinatos, observamos que, en 28 casos, las víctimas presentaban heridas con armas de fuego, 5 heridas corto punzantes, 1 estrangulamiento, 2 con indicios de tortura. La forma de las ejecuciones refleja una pequeña parte del horror que viven los campesinos, que expresado en la voz de Marlon Rivera campesino de Pantasma al denunciar el operativo militar conocido como el bombazo, dijo voz entrecortada y sus manos temblorosas “No queremos que sigamos muriendo los campesinos porqué estas manos campesinas son las que les dan de comer y por qué nos matan a nosotros?, ya no queremos morir”.  Hoy nuevamente campesinos y campesinas desde su milpa, desde la montaña y miles desde el exilio exigen que cese la matanza. Es el grito que hoy queremos transmitir, es nuestro deber escucharlo y hacer algo para detener la barbarie.

Estos hechos, podrían considerarse ejecuciones extrajudiciales y corresponden a un recrudecimiento de la represión y una estrategia utilizada para eliminar a la resistencia en el campo, con la participación de fuerzas paramilitares, justamente por la influencia que ejercían las víctimas en sus territorios donde se desplazaban. Observamos que en ninguno de los casos, ha existido una investigación ni sanción a los responsables, encontrándose en la impunidad.

Todo este escenario de violencia y persecución ha provocado el exilio de campesinos, quienes han dejado sus fincas y formas de vida, ubicándose en su mayoría en territorio costarricense y viviendo en condiciones precarias.

Finalmente, los peticionarios solicitaron a la Comisión:

  1. Exhorte al Estado a garantizar el ejercicio de las libertades de reunión pacífica, expresión y asociación que han sido vulnerados a los campesinos/as.
  2. Requiera al Estado el cese de la persecución, represión y criminalización en contra del campesinado y solicite la realización de investigaciones que permitan la búsqueda de la justicia en estos casos de asesinatos, torturas, detenciones, allanamientos ilegales, lesiones y violencia sexual.
  3. Se promueva la creación de una Fiscalía Especial acompañada y asesorada de instancias internacionales, que dirija los procesos investigativos independientes e imparciales, en cada uno de estos casos.
  4. Insiste al Gobierno a retomar el diálogo que sea significativo e inclusivo de los diferentes sectores sociales y que permita la salida pacífica de la actual crisis.
  5. Exhorte al Estado a derogar la Ley 840 y poner fin a la concesión, toda vez que se ha vencido el plazo de seis años que el gobierno acordó con las partes para demostrar capacidad para la construcción del Gran Canal.

Descarga el Informe aquí