Violación a derechos humanos de nacionalidad, libertad, residencia y circular libremente en Nicaragua

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El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, condena las violaciones al derecho universal de nacionalidad, libertad individual, residencia y circular libremente dentro y fuera del territorio nicaragüense, por parte del régimen Ortega Murillo, en el contexto de la sistemática persecución y crímenes de lesa humanidad contra la ciudadanía que a partir der abril de 2018 reclama sus derechos humanos a vivir en libertad, democracia y justicia.

El Colectivo tiene conocimiento que personas de diversos sectores han sido despojadas de sus pasaportes en aeropuertos y puestos fronterizos; a otras se les ha negado el trámite o renovación del documento de circulación dentro y fuera del país, así como tramitar el permiso de salida para que sus hijos e hijas viajen.

En otros casos les han impedido el ingreso al país como al señor Lesther Javier Alemán, padre del preso político Lesther Alemán, así como a Carlos Luis Mejía, integrante de la agrupación La Cuneta, quien recientemente fue impedido de entrar a Nicaragua. No omitimos mencionar que este impedimento de ingresos a nicaragüenses se agravó en el contexto de la pandemia, cuando el Estado impidió el ingreso de 500 nicaragüenses por más de una semana, sometiéndolos a condiciones inhumanas e insalubres.

Con relación a las detenciones arbitrarias e inconstitucionales de Josué Monroy, integrante de la Banda Monroy y Surmenage; Leonardo Canales, director de La Antesala; Xóchitl Tapia y Salvador Espinoza, de Saxo Producciones, públicamente se conoce, sin información oficial, que presuntamente fueron expulsados del país violentando sus derechos y garantías constitucionales y universales.

En ese sentido, las categorías o condición jurídica migratoria de rechazo, la deportación o expulsión de nuestro territorio NO es aplicable a los nicaragüenses y en caso de nacionalidad adquirida, tampoco procede sin el estricto cumplimiento de nuestra Constitución Política, instrumentos internacionales de derechos humanos y la Ley General de Migración y Extranjería que, obligan al Estado a un legal y debido proceso administrativo con todas las garantías constitucionales y de derechos humanos, para justificar razonablemente la pérdida de la condición de nicaragüense por nacionalización.

Además, por la trascendencia de los derechos en riesgo, las resoluciones que disponen la pérdida de dicha condición son apelables ante autoridad competente e incluso susceptible de los recursos ante el Poder Judicial, aun cuando en el país no exista independencia institucional. Sin embargo, el Estado de Nicaragua ha privado de la interposición de recursos judiciales a todas las víctimas, incluyendo a las personas expulsadas, nacionales o nacionalizadas, como la defensora de derechos humanos Ana Quiroz.

El Estado de Nicaragua sigue en abierto incumplimiento a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, violentando con esta acción el derecho de circulación y residencia, derecho a la propiedad, al trabajo, la nacionalidad, libertad personal, integridad, proyecto de vida y derechos conexos. El artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece la obligación de los Estados en dejar ingresar o salir libremente del país.

En consecuencia, todo lo actuado por el Estado constituye abuso de poder y despojo de los derechos humanos de las personas y familias afectadas. Entre otras disposiciones constitucionales violentadas podemos señalar, las contenidas en los artículos 20, 21, 22. 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 45, 46 de la Constitución Política de Nicaragua.

Repudiamos el absolutismo de una tiranía que irrespeta derechos y garantías en perjuicio de la población nicaragüense y exigimos la libertad para todas las personas presas políticas en Nicaragua.

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