Un año después de la Ley Mordaza, más opresión contra la libertad de expresión en Nicaragua

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El 27 de octubre 2020 se aprobó la Ley Especial de Ciberdelitos, conocida también como Ley Mordaza, publicada en La Gaceta No. 201 de 30 de octubre. Esta imposición legislativa entró en vigencia dos meses después, el 29 de diciembre del mismo año. Así se cumplía, más que con el procedimiento de formación de la ley, con la orden de Daniel Ortega Saavedra y su esposa Rosario Murillo, matrimonio que controla absolutamente los diversos poderes del Estado de Nicaragua.

La precitada ley es parte de un combo legislativo que desde el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca+, consideramos como opresivo, regresivo y nocivo para los derechos humanos del pueblo nicaragüense. Entre las leyes destinadas a fortalecer la represión que componen ese combo están: La Ley 1040, Ley de Regulación Agentes extranjeros; la Ley 1055, “Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, soberanía, y autodeterminación para la paz”, conocida como Ley de soberanía y que descalifica a las personas con opinión diferente como traidores a la patria; y la Ley 1060, Ley de reforma procesal penal que arbitrariamente prolonga hasta 90 días de detención policial para investigar a las personas privadas de libertad arbitraria e inconstitucionalmente.

Antecedes de la Ley Mordaza

En el documento Consideraciones a la Ley de Ciberdelitos, el Colectivo analiza los alcances perniciosos para los derechos humanos en Nicaragua, en él hacemos referencia a hechos de persecución, intimidación y ataques a la libertad de información y expresión, acontecidos inmediatamente después de que los Ortega Murillo llegaran al poder en enero de 2007. En ese sentido, es pertinente observar que la libertad de expresión, derecho ejercido profesionalmente por el periodismo independiente y que es patrimonio de la sociedad nicaragüense, ha estado bajo ataque desde entonces y que en la medida que ese derecho vino cuestionando más al poder de la familia, la intensidad de la represión aumentó a niveles tales que ha significado la privación de la vida al periodista Ángel Gahona, el 21 de abril de 2018 en la ciudad de Bluefields; criminalización, censura, confiscación, cárcel y exilio.

Antes de abril de 2018, la libertad de expresión sufría del acecho, acoso, robo de equipos, intimidación, concentración de medios de comunicación, bajo propiedad de la familia Ortega Murillo, última que desde su llegada al poder delimitó los alcances para al acceso libre a la información con lo que llamaron información incontaminada, con vocería estatal concentrada en la persona de Rosario Murillo, que todos los días habla sin responder preguntas del periodismo independiente, desapareciendo todo tipo de comunicación abierta. Esa vocería es ejercicio de propaganda para preservar el poder a toda costa, mintiendo todos los días y descalificando a cuanta persona expresa su derecho de vivir en libertad y democracia.

Cabe señalar entonces que, para la represión, intimidación, criminalización, cárcel y todas las graves violaciones a los derechos humanos, el régimen Ortega Murillo, no necesitó de leyes como las aprobadas al final de 2020 e inicios del 2021. Las prohibiciones constitucionales y las obligaciones internacionales, no fueron impedimento para la brutal persecución en contra de toda expresión ciudadana y de ejercicio periodístico.

Nuestra constitución e instrumentos internacionales reconocen el derecho a la vida y los agentes del Estado de Nicaragua con paramilitares privaron de la vida y masacraron a población desarmada.

En Nicaragua la libertad individual solamente puede ser limitada de acuerdo a lo establecido en el artículo 33 constitucional y las capturas arbitrarias han sido masivas y en la actualidad hay aproximadamente 170 personas presas políticas o más, muchas de ellas desde hace varios años y meses, contra los cuales se inventaron delitos y violentaron todos los derechos y garantías.

La Constitución prohíbe la tortura (delito internacional) y es raro que las personas presas políticas no hayan sido sometidas a torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, 120 testimonios documentados por el Colectivo dan cuenta de todo el horror que representan las cárceles de la tiranía Ortega Murillo; la desaparición forzada es también delito internacional y crimen de lesa humanidad y los agentes del Estado y sus paramilitares ha desaparecido, aunque sea de forma temporal.

La persecución, la amenaza, el asedio contra todas las expresiones de ciudadanía, es sistemática, con graves consecuencias para el proyecto de vida de todo un pueblo que demanda libertad.

¿Siendo así, porqué aprobaron ese combo de leyes, en particular la Ley de Ciberdelitos o Ley Mordaza? Porque la dictadura pretende dar un rostro de legalidad a sus abusos de poder y maquillarse ante una comunidad internacional que conoce ampliamente sobre las graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidas contra el pueblo nicaragüense.

Cabe decir, de dicha Ley, que el hecho de que haya sido aprobada por una mayoría de diputados, no alcanza la validez que otorga nuestra Constitución Política, como se puede inferir al leer los artículos 130, 182 y 183 constitucional. O sea, NO TENDRÁN VALOR ALGUNO LEYES Y DISPOSICONES QUE SE OPONGAN A ELLA. Mucho menos validez existe, cuando violan los derechos humanos como la libertad de información y expresión, reconocido expresamente en el artículo 66 de dicha Constitución e instrumentos internacionales, como el artículo 13 de la Convención Americana; ésta última reconocida plenamente en el artículo 46 constitucional.

Desde abril de 2018 a la fecha se han perpetrado detenciones, hostigamientos, amenazas, censura, quema o expropiación de medios de comunicación, desplazamientos forzados dentro y fuera del país, entre otras graves violaciones contra las personas de prensa. En marzo de 2021, el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH habría alertado de un “eterno agravamiento” contra el periodismo, además, agregó “Veo una situación extremadamente preocupante para la libertad de prensa y en general para el ejercicio de las libertades civiles en Nicaragua. En ese panorama uno puede hablar de un despliegue de mecanismos muy sofisticados de censura… Esto es grave, pero contrasta con un periodismo muy resiliente, valiente, que se niega a ceder ante presiones de censura”.

Vea el video sobre este artículo publicados en el YouTube del Colectivo:

Más opresión

Esta represión aumentó todavía más en mayo de 2021, en vísperas de las elecciones generales, al perseguir a ex-trabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y expandir sus investigaciones y detenciones contra otras personas periodistas. Ante este contexto, ampliamente conocido, el 18 de agosto de 2021, la CIDH, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de dicho órgano y la OACNUDH, emitieron un pronunciamiento en conjunto sobre la situación de Nicaragua, en el cual, expresaron:

El hostigamiento, la censura, la estigmatización y persecución oficial a la prensa, las detenciones y los procesos legales arbitrarios contra medios, periodistas y organizaciones que defienden la libertad de prensa son incompatibles con la protección de la libertad de expresión y generan un clima generalizado de miedo y autocensura. En el marco de un proceso electoral resultan además especialmente graves, e incompatibles con la democracia y con las obligaciones internacionales de Nicaragua en materia de derechos humanos .

¿A un año de la vigencia de la Ley Mordaza qué impactos observamos? Un periodismo independiente y medios de comunicación bajo ataque en mayor intensidad, criminalización, cárcel, acusaciones y procesos arbitrarios e inconstitucionales donde no se respeta ningún derecho ni garantía; desplazamiento forzado, al extremo de que aún está en desarrollo el exilio de miles de nicaragüenses, en particular de decenas de periodistas hacia Costa Rica y otros países, obligados a salir del país, para a ponerse a salvo de la actual y brutal persecución que en abril 2022 cumplirá 4 años de sistemáticas y graves violaciones a los derechos humanos.

En el proceso de investigación contra la FVBCH, agentes del Ministerio Público amenazaron a las y los periodistas citados/as con aplicarles la Ley de Ciberdelitos , entre estos periodistas amenazados perfila Wilfredo Miranda, Premio Iberoamericano de Periodismo Rey de España 2018, quien relató “Al hacer un receso, regresó con su celular a leer todos mis artículos, comenzó a incriminarme, a decir que yo mentía, que yo estaba faltando a la Ley de Ciberdelitos” .

Es importante señalar que esta Ley no solo ha agraviado a personas de prensa, sino también, a opositoras y defensoras de derechos humanos; el 8 de septiembre de 2021 el ambientalista Amaru Ruiz fue imputado por la Fiscalía General de la República de cometer el delito de “propagación de noticias falsas, a través de las tecnologías de la información y la comunicación”, una de las principales expresiones para la criminalización de la Ley de Ciberdelitos; esta imputación se dio luego de que él denunciara nuevos asesinatos contra indígenas, permitidos estos por el Estado.

Al primero de diciembre de 2021 se contabilizaba que al menos diez personas percibidas como opositoras (incluyendo periodistas) estaban siendo procesadas por la Ley de Ciberdelitos, acusadas de difundir noticias falsas, bajo detenciones ilegales y procesos arbitrarios . En el corriente año, debido a la escalada represiva contra el periodismo y la aplicación de la Ley de Ciberdelitos, al menos 70 periodistas se desplazaron forzosamente fuera del país.

¿Qué pretende con la actual escalada represiva? Silenciar a la sociedad para que no siga resistiendo y denunciando los graves abusos del poder que violenta todos los días los derechos humanos de quienes opinan diferente. No obstante, no han logrado silenciar al pueblo que sigue resistiendo, ni al periodismo independiente que desplazado y sufriendo todo tipo de pérdidas que significa el exilio, sigue informando al país, acompañando a las víctimas que buscan verdad, justicia y libertad. Por mucho que el poder todos los días mienta, los hechos y la verdad hablan por sí mismos. Contra la verdad no hay mordaza que valga.

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