Informe Situación de derechos humanos de la población campesina

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Situación de derechos humanos de la población campesina

La situación de derechos humanos de la población campesina de Nicaragua genera persecución, represión, criminalización, judicialización y desplazamiento forzado.

El presente informe que ponemos a disposición de la Ilustre Comisión Interamericana aborda la situación de derechos humanos de la población campesina, que ha sido víctima de la represión gubernamental debido a sus denuncias y manifestaciones por la aprobación de la Ley 840 conocida como Ley del Canal Interoceánico, como también por sus participaciones en las protestas iniciadas en abril de 2018.

El informe contiene un análisis de las diferentes formas de represión, incluyendo la Persecución, represión, criminalización y judicialización a la población campesina de Nicaragua y desplazada forzadamente.

Algunas de las víctimas nos pidieron reserva de identidad por su seguridad en los testimonios dados al Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca + (en adelante el Colectivo) y a Acción Penal, por lo que solo se han identificado con sus iniciales.

También haremos un análisis de los asesinatos selectivos en el campo, que han sido publicados en medios de comunicación y en cuyos casos han sido identificados como opositores políticos o miembros de los autoconvocados.

Históricamente el campesinado nicaragüense ha vivido en una situación de abandono gubernamental en cuanto a la promoción de sus actividades económicas y productivas, acceso a la salud, educación y acceso a servicios básicos, limitando su desarrollo económico y humano. Esta situación se vio agravada con la llegada al poder de Daniel Ortega en el año 2007, quien ha ejercido un control absoluto sobre todas las instituciones y poderes del Estado.

Este control incluyó a la Asamblea Nacional, que de manera unilateral, inconsulta e inconstitucional, aprobó la Ley del gran Canal Interoceánico, Ley 840, Ley especial para el desarrollo de infraestructura y transporte nicaragüense atingente al canal, zonas de libre comercio e infraestructuras asociadas.

No obstante la lucha constante y permanente de campesinos y campesinas por la derogación de la Ley 840, éstos no se han mantenido al margen de la problemática nacional y se han hecho presentes en diversos eventos y coyunturas relacionados con la situación social, económica y política del país.

Por ejemplo, solidarizarse con la situación de hambre provocada por la sequía en los municipios de Nueva Segovia en 2015, o los pronunciamientos contra la represión de pequeños mineros que protestaron contra la minería a cielo abierto en los departamentos de Chontales y León, y a favor de la demanda campesina por impedir la minería a cielo abierto en el municipio de Rancho Grande, departamento de Matagalpa.

Es así que cuando inician las protestas contra las reformas a la seguridad social en abril de 2018, el movimiento campesino continuó su ciclo de movilizaciones ahora en solidaridad con las demandas ciudadanas en ese mes de abril.

Baje el documento completo aquí.

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