RECRUDECIMIENTO DE LA REPRESIÓN CONTRA LA POBLACIÓN NICARAGÜENSE Y EMBATE CONTRA MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PERIODISTAS INDEPENDIENTES

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canal 12 embargo 2020

El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +, denuncia una vez más el recrudecimiento de la represión y persecución política en contra de periodistas, activistas, defensores y defensoras de derechos humanos, iglesia católica, medios de comunicación, feministas, personas excarceladas políticas, sus representantes legales y sus familiares, quienes en los últimos días han sufrido amenazas de detención, acoso, asedio policial, judicial, actos de vigilancia por agentes policiales y paraestatales, pintas en sus casas y mensajes de amenazas a través de sus redes sociales.

Junto a la población nicaragüense, el Colectivo, siente el impacto de la embestida que el Gobierno le está dando a medios de comunicación, tal y como ocurrió el día de hoy con Canal 12, que mediante un comunicado informaron que fueron embargados por el juez Luden Martín Quirós García, Juez Tercero de Ejecución y Embargos de Managua “… por 21 millones de córdobas, a solicitud de la Dirección General de Ingresos DGI, representada por la Procuradora Auxiliar de Finanzas Marlen Isabel Ramírez Laguna, producto
de un reparo arbitrario e ilegal sobre (…) declaraciones de impuestos sobre la renta de los años 2011-2012 y 2012-2013”. Canal 12 además denunció que dicho embargo se extendió de manera “excesiva e ilegal” a los bienes personales del administrador del medio Mariano Valle.

En Nicaragua, solo se encuentran funcionando con muchas limitaciones y bajo asedios, tres medios de comunicación televisivos que son independientes; por lo tanto, este arbitrario embargo constituye el mecanismo para silenciar las voces críticas y por ende una grave violación a la libertad de expresión y prensa, como también del derecho de los nicaragüenses a recibir información veraz e independiente.

Dicho ataque, es coherente con una política de persecución y censura en contra de los medios de comunicación como lo hemos visto contra Canal 2 y Radio Voz de Mujer en 2015, Canal 100% Noticias y Confidencial en 2018, Radio Darío, Radio Camoapa, Radio La Costeñísima, entre otros, dejándoles en muchos casos sin sus bienes o equipos de transmisión. También esta represión y censura dirigida a periodistas, cobró la vida de Ángel Gahona (abril 2018); violaciones a la libertad e integridad personal de Lucía Pineda y
Miguel Mora; la criminalización contra 6 periodistas: Kalúa Salazar, David Quintana, Elsa Espinoza, William Aragón, Jacksell Herrera y Sergio León antes de morir, amenazas y asedios contra decenas de periodistas como Ileana Lacayo, George Henríquez, Julio Jarquín, Gerall Chávez, Eduardo Montenegro, entre otros periodistas.

Asimismo, desde el Colectivo denunciamos que estos ataques han sido simultáneos con detenciones y/o asedios policiales contra más de 45 activistas, defensores/as, líderes y personas excarceladas políticas, como asedios y robos contra la Iglesia Católica y su feligresía, despidos arbitrarios de docentes y personal de salud; siendo el objetivo re-instalar el Estado de terror frente a la resistencia activa de la ciudadanía, a los que califican de “enemigos” de la “Revolución Popular Sandinista”, tal y como recientemente quedó expresado en un comunicado de la UNAN León y la utilización de la “Policía Sandinista” denominada así por Rosario Murillo, para ejecutar las órdenes represivas del Gobierno.

Denunciamos ante la comunidad internacional, esta nueva ola represiva. Exigimos el cese de dichos ataques. Demandamos la garantía y vigencia de los derechos humanos del pueblo nicaragüense.

Puede descargar el pronunciamiento aquí

canal 12 embargo 2020
El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +, denuncia una vez más el recrudecimiento de la represión y persecución política en contra de periodistas, activistas, defensores y defensoras de derechos humanos, iglesia católica, medios de comunicación, feministas, personas excarceladas políticas, sus representantes legales y sus familiares, quienes en los últimos días han sufrido amenazas de detención, acoso, asedio policial, judicial, actos de vigilancia por agentes policiales y paraestatales, pintas en sus casas y mensajes de amenazas a través de sus redes sociales.