¿Qué mecanismos se pueden utilizar para exigir justicia en Nicaragua?

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  • Uso de mecanismos especiales de la Organización de Naciones Unidas para la incidencia en relación a Libertad de Expresión y Prensa

En los últimos meses, el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más ha informado sobre la situación de la libertad de expresión en Nicaragua, el impacto de la represión en periodistas y medios de comunicación independientes, como consecuencia de ejercer su derecho a informar y a expresar libremente su opinión, así como la respuesta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) evidenciada en audiencias temáticas y medidas cautelares que ha adoptado para proteger a periodistas cuyos derechos a la vida y la integridad personal se encuentran en inminente riesgo de ser violentados.

Es importante mencionar que estas acciones represivas fueron intensificadas contra periodistas y medios de comunicación a partir de la información brindada por ellos y ellas durante las protestas iniciadas en abril de 2018 y la represión que se realizó contra la población nicaragüense en los meses subsiguientes hasta la actualidad. Es así que vimos ante cámaras la muerte de Ángel Gahona en abril de 2018, el cierre y allanamiento de medios de comunicación como 100% Noticias y Confidencial en diciembre de ese año, las detenciones de periodistas durante estos tres años, a saber, Miguel Mora (actualmente detenido, por segunda vez), Lucía Pineda (ahora en libertad), Miguel Mendoza, Cristiana Chamorro, asimismo, amenazas, persecución, allanamientos y toma de medios como La Prensa, aprobación y aplicación de leyes restrictivas y represivas, criminalización a periodistas, entre otras violaciones a sus derechos humanos; según datos del Colectivo, en el 2021 al menos 70 periodistas se han desplazado forzosamente fuera del país.

Desde abril de 2018 se han aprobado una serie de leyes represivas que permiten consolidar el poder de la pareja presidencial, la mayor vigilancia e incluso cierre de las pocas organizaciones defensoras de derechos humanos que están dentro de Nicaragua, así como censurar a los medios de comunicación, estando entre ellas la Ley Especial de Ciberdelitos, a través de la cual se han encarcelado al menos a 10 personas consideradas como “opositoras” , como represión al ejercicio de la libertad de expresión y denuncia ciudadana.

El 19 de noviembre de 2021, Nicaragua anunció su salida de la Organización de Estados Americanos y a partir de ahí, la Carta de la OEA, mantiene sus efectos durante los siguientes dos años y Nicaragua “quedará desligad[a] de la Organización después de haber cumplido con las obligaciones emanadas de la presente Carta” . Lo que significa que la obligación internacional persiste por casos planteados previo a esta denuncia de la Carta y durante los subsiguientes dos años ante la CIDH y la Corte IDH, manteniéndose la obligación hasta que se finalicen sus procesos.

¿Qué otros mecanismos se podrían utilizar?

Nicaragua también parte del Sistema de Naciones Unidas, el cual posee una gama de instrumentos de derechos humanos como la Declaración Universal de Derechos Humanos (norma vinculante por su aceptación y cumplimiento general) que en su artículo 19 establece el derecho de Libertad de Expresión y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que igualmente en el numeral 2 de dicho artículo, consigna el derecho de libertad de expresión.

Para dichos instrumentos existen mecanismos de supervisión y cumplimiento, entre los cuales podemos mencionar los siguientes:

  • El Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que se encarga de supervisar que todos los instrumentos de derechos humanos sean respetados por los Estados
  • La Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, OACNUDH, que realiza un monitoreo de la situación de derechos humanos en los diferentes países
  • El Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de Expresión, que analiza violaciones a la libertad de expresión y
  • El Comité de Derechos Humanos, es el que se encarga de vigilar específicamente el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Puede ver el video sobre este tema en el Youtube del Colectivo

  1. Comité de Derechos Humanos

El Consejo de Derechos Humanos: es el principal órgano de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos, entre otras funciones al CDH se le atribuyó, mediante esta misma resolución, el mandato de realizar “un examen periódico universal”, o denominado EPU, cada cuatro años . Este mecanismo ha sido aceptado por el 100% de los estados miembros de la ONU, en cuenta por Nicaragua; éste órgano ha examinado a Nicaragua en 2010, 2014 y 2019.

El deterioro progresivo del derecho a la libertad de expresión se observa en las mismas resoluciones de este órgano, que para 2010 destacó la exposición del Estado refiriendo lo siguiente:

30. El país tenía un modelo de propiedad de los medios de comunicación que permitía la existencia de propietarios de empresas pequeñas y medianas, que gozaban de total libertad de expresión y no estaban sometidas a censura. Había 340 emisoras de radio y más de 70 canales de televisión y empresas de cable, y circulaban más de 20 publicaciones de prensa, incluidos periódicos y revistas, así como publicaciones electrónicas.

A pesar de lo anterior, ya se observaban actos de persecución contra periodistas y medios, que limitaban el espacio democrático y que fueron objeto de preocupación de los países durante el examen, razón por lo cual, el Consejo de Derechos Humanos en sus conclusiones recomendó al Estado de Nicaragua:

32. Defender los derechos a la libertad de expresión, de reunión y de asociación y permitir las restricciones solo cuando lo disponga la ley y de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos (Alemania)

33.Garantizar la transparencia de los procesos democráticos y el pleno respeto de sus normas, como, entre otras cosas, la libertad de expresión o de opinión y la libertad de reunión y de asociación (Israel);

31. Asegurar el pleno respeto de las disposiciones constitucionales sobre la libertad de expresión, y evitar utilizar medios administrativos, judiciales o financieros para limitar el ejercicio de ese derecho humano (Estados Unidos de América);

Para 2014, durante el diálogo interactivo del examen a Nicaragua, la delegación nicaragüense señaló que:

109. En cuanto a los periodistas y defensores de los derechos humanos, la delegación observó que estaba garantizado el derecho a la libertad de expresión y de asociación, como lo demostraba la presencia en el país de 6.014 organizaciones no gubernamentales y el aumento del 12% en el número de sindicatos y del 196% en el de cooperativas, en comparación con 2009. Asimismo, no había censura de los medios ni se perseguía a los defensores de los derechos humanos, los periodistas o los medios de comunicación. En 2013 y el período transcurrido de 2014, la policía nacional solo había recibido 7 denuncias de actos cometidos en contra de periodistas, 6 de las cuales habían sido remitidas a la autoridad judicial competente.

110. La delegación reiteró la voluntad del Estado de no dejar impune ningún acto contra los derechos de la persona, especialmente contra el derecho a la libertad de expresión, así como contra los defensores de los derechos humanos. La delegación invitó a los afectados a que utilizaran los mecanismos establecidos en la legislación nacional a fin de que tales actos no quedaran impunes.

Al respecto, el Consejo de Derechos Humanos, recomendó:

116.20 Proteger plenamente la libertad de expresión de los ciudadanos, incluido el derecho a la manifestación pacífica, y evitar y condenar toda medida de intimidación o represión de los ciudadanos que ejercen sus derechos (Canadá);

116.21 Garantizar plenamente el respeto por la libertad de expresión y de opinión, y cumplir plenamente los compromisos contraídos en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en particular los artículos 19 y 22 (Eslovenia);

Dichas recomendaciones fueron aceptadas por el Estado, alegando que “Nicaragua aceptó las recomendaciones 116.20 y 116.21 porque…se garantizaban las libertades de expresión, protesta pacífica, asociación, organización, información y prensa, así como la pluralidad de los medios de comunicación” .

Lamentablemente, esta situación cambió durante el examen realizado en 2019 a Nicaragua, que negó las violaciones a derechos humanos, refiriendo que:

86. En el país seguía respetándose la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión. No se había investigado, acusado o castigado a nadie en su calidad de defensor de los derechos humanos o por ser un periodista. En Nicaragua, la prensa y los canales de radio y televisión privados comunicaban sin ningún tipo de restricción. Nicaragua respetaba el derecho de manifestación y de reunión pacífica.

87. Todas las detenciones hechas en el contexto del intento de golpe de estado habían cumplido con las garantías establecidas en la ley. Los grupos violentos habían utilizado armas de fuego, cometido crímenes graves en detrimento de la población y las fuerzas de seguridad. La Policía Nacional había actuado de acuerdo con las normas internacionales; nunca había recurrido a fuerzas parapoliciales, fuerzas de choque o turbas, ni lo haría en el futuro.

Debido a la situación existente en el país, los Estados realizaron más de 30 recomendaciones al Estado de Nicaragua sobre el derecho de libertad de expresión, entre otras señalaron:

125.79 Poner en libertad a todos los estudiantes, defensores de los derechos humanos, periodistas y otros manifestantes que fueron detenidos arbitrariamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica, sin recurrir a los arrestos domiciliarios, y velar por el pleno respeto de su derecho a las debidas garantías procesales (Bélgica);

125.119 Garantizar el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica evitando actos de represión contra periodistas o defensores de los derechos humanos (México);

125.120 Respetar y garantizar la libertad de expresión de todos los civiles, lo que incluye la liberación incondicional de los periodistas encarcelados y de los presos políticos y la devolución de material confiscado a los medios de difusión y las organizaciones de derechos humanos (Países Bajos);

125.124 Garantizar los derechos humanos y las libertades fundamentales de sus ciudadanos, especialmente los derechos a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica sin temor a represalias, amenazas, agresiones, acoso o persecución injusta (Nueva Zelandia);

125.126 Respetar los derechos a la libertad de expresión, de asociación y de reunión poniendo fin a la represión de las personas que participan en protestas pacíficas y permitiendo a los defensores de los derechos humanos, las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación llevar a cabo su labor (Noruega);

125.129 Respetar y garantizar el goce pleno de los derechos a la protesta, la libertad de expresión, la reunión pacífica y la participación política de la población, y desarticular a los grupos armados progubernamentales, por las repercusiones negativas de su accionar en los derechos humanos (Perú);

125.130 Velar por que se respeten las normas internacionales de derechos humanos relativas a la libertad de expresión, incluida la libertad de los medios de comunicación, tanto en línea como en otros medios, y abstenerse de utilizar ningún medio administrativo, judicial o financiero para restringir indebidamente el ejercicio de este derecho (Polonia);

125.139 Restablecer de inmediato los derechos a la libertad de expresión y de los medios de comunicación, y llevar a cabo investigaciones sobre todos los casos de violencia cometidos contra periodistas y medios de comunicación (Suiza);

125.141 Poner fin al hostigamiento y las presiones políticas de que son objeto los periodistas y los medios de prensa y reducir las restricciones a la importación de suministros y equipo de periodismo, con el fin de reforzar la protección de la libertad de expresión (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte);

125.142 Cesar inmediatamente de interferir indebidamente con los derechos a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica y permitir que todos los medios de comunicación independientes, las instituciones religiosas y las organizaciones de la sociedad civil lleven a cabo sus actividades sin restricciones, coacciones, amenazas legales o a la seguridad personal indebidas (Estados Unidos de América);

125.150 Eliminar las restricciones impuestas sistemáticamente a la libertad de expresión y a la libertad de prensa generando políticas de promoción y protección del acceso a la información pública (Chile);

125.154 Restablecer el respeto de la libertad de expresión y de prensa y liberar a los periodistas que estén detenidos (Costa Rica)

125.155 Derogar o enmendar las leyes que puedan poner obstáculos a las actividades legítimas de promoción y defensa de los derechos humanos, para respetar así los derechos a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica (Croacia);

125.159 Garantizar la libertad de prensa, en particular absteniéndose de utilizar medios administrativos, judiciales o financieros para restringir indebidamente su ejercicio (Dinamarca);

125.168 Instituir medidas a fin de que los defensores de los derechos humanos, los periodistas y los trabajadores de los medios de comunicación puedan ejercer sus derechos a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica sin temor a represalias, amenazas, agresiones o enjuiciamientos injustos (Ghana);

Posterior a cada examen, el Estado en revisión debe rendir información sobre el avance de la implementación de recomendaciones y por ende brindar mayor protección de los derechos humanos, sin embargo, este mecanismo no posee formas coercitivas de hacer cumplir las recomendaciones, por lo cual, se trata en vía diplomática de hacer cumplir voluntariamente al Estado en cuestión.

Contrario a adoptar medidas de protección a la libertad de expresión, se ha incrementado la persecución contra periodistas desde mayo de 2021 en el marco de las investigaciones y procesos contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que ha provocado el desplazamiento forzado de decenas de periodistas, el despojo del único diario existente de circulación nacional, “La Prensa”, la autocensura de distintos medios y el encarcelamiento de al menos tres periodistas.

No obstante, ante el incumplimiento de las recomendaciones los Estados pueden ejercer presiones bilaterales o multilaterales, teniendo en cuenta que las violaciones a los derechos humanos cometidas en Nicaragua son en general una ofensa a la humanidad; o bien, el Consejo de Derechos Humanos puede adoptar resoluciones específicas para dar seguimiento a la situación especial de un país.

En este sentido, es importante señalar que, dada la crisis de Nicaragua, el Consejo de Derechos Humanos creó un mandato específico de monitoreo y seguimiento a las violaciones de derechos humanos cometidas en Nicaragua por parte de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, lo que ha permitido tener información actualizada sobre la situación de libertad de expresión en el país.

Este mandato se vio reforzado con la resolución 46/2 del Consejo, mediante la cual expresó su preocupación “por la persistencia de las restricciones del espacio cívico y la represión de la disidencia en Nicaragua en forma de actos de intimidación, hostigamiento y vigilancia ilegal o arbitraria de los defensores de los derechos humanos…, los periodistas y otros profesionales de los medios de comunicación… e insta al Gobierno a que condene públicamente cualquier ataque o acto de intimidación y garantice la rendición de cuentas por dichos actos y a que adopte medidas para garantizar un entorno seguro y propicio para que estas personas puedan realizar su trabajo libremente” y solicita a la Oficina de la Alta Comisionada, vigile de cerca la situación de derechos humanos de Nicaragua.

2. Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Esta oficina, lidera los esfuerzos de la organización en promover y proteger los derechos humanos en todo el mundo. Está encabezada por la figura del Alto Comisionado o Alta Comisionada, principal funcionario/a de las Naciones Unidas para los derechos humanos, asignado/a por el Secretario General de la ONU, el mandato de su oficina “consiste en promover y proteger el disfrute y la plena realización de los derechos humanos por parte de todos. La Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, junto con las leyes y tratados internacionales de derechos humanos establecieron esos derechos” .

Para la situación de Nicaragua, la Alta Comisionada ha realizado informe y actualizaciones orales ante el Consejo de Derechos Humanos, según se demuestra con su informe de febrero de 2021 mediante el cual señaló que en su oficina “Documentamos también 34 casos de intimidación, amenazas, criminalización y campañas de desprestigio contra medios de comunicación y periodistas considerados “opositores”” .

Una actualización oral ante el Consejo de Derechos Humanos realizada en septiembre del mismo año, refiere que:

“Se han intensificado los ataques a la libertad de expresión. El 12 de agosto, el diario La Prensa denunció el cese de su edición impresa debido a la retención de papel por parte de la autoridad aduanera. Un día después, la Policía Nacional y el Ministerio Público allanaron sus instalaciones, incautaron bienes materiales y posteriormente, detuvieron a su gerente general.

Las amenazas por parte del Ministerio Público en contra de varios periodistas y trabajadoras y trabajadores de medios motivaron la salida de muchos de ellos de Nicaragua para buscar protección. Mi Oficina ha documentado 12 casos, mientras que fuentes de la sociedad civil tienen contabilizados más de 30”.

Por último, la Alta Comisionada, brindó en diciembre de 2021, refiriendo que:

“En las semanas previas al día de las elecciones, a muchos periodistas se les negó la acreditación y la entrada al país, lo que obstaculizó la cobertura independiente del proceso electoral. Esto se sumó a las violaciones a la libertad de prensa y al derecho a la información previamente documentadas por la OACNUDH, incluyendo el allanamiento del principal periódico impreso del país y las detenciones arbitrarias, el hostigamiento y las amenazas a periodistas y trabajadores de los medios de comunicación involucrados en reportajes críticos del Gobierno, lo que llevó a decenas de ellos a huir del país” .

Como se puede observar de la realidad actual nicaragüense. Hoy en día se encuentran más de 70 periodistas en el exilio debido a la persecución y criminalización y finalmente, no existen medios de comunicación escritos en Nicaragua, porque fueron allanados y sus bienes ocupados por la Policía Nacional, sin que los mecanismos y recursos previstos por la ley, tuvieran la eficacia para garantizar y proteger estos derechos, particularmente por la implementación de leyes represivas y la falta de independencia de los órganos de la administración de justicia.

Por lo tanto, enviar de forma constante información actualizada a la Oficina de la Alta Comisionada, sigue siendo parte de una hoja de ruta a seguir por parte de organizaciones, defensores, defensoras y periodistas que defienden el derecho de libertad de expresión, ya que, además, la OACNUDH juega un rol esencial en el EPU, pues, informan sobre la situación de cada país examinado, pudiendo enfatizar en una temática de preocupación como la libertad de las personas presas políticas y persecución a la prensa independiente.

3. Relatoría Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de Expresión

“La libertad de expresión es la piedra angular de la democracia, que permite a los individuos y grupos disfrutar de otros derechos humanos y libertades. El mandato del Relator Especial fue creado por el Consejo de Derechos Humanos para proteger y promover la libertad de opinión y de expresión, tanto en línea como fuera de línea, a la luz del derecho y las normas internacionales de derechos humanos” .

Es uno de los 44 mandatos temáticos con los que cuenta el sistema de naciones unidas como parte de los procedimientos especiales.

Entre sus funciones, se encuentran, las de realizar visitas a los países, actuar sobre casos y situaciones individuales mediante el envío de comunicaciones a los Estados y a otros interesados, llevar a cabo estudios temáticos anuales, recabar información mediante solicitudes de aportaciones y organizan consultas de expertos, contribuir a elaborar normativas internacionales en derechos humanos, y realizar tareas de promoción, sensibilización a la población y asesoría en materia de cooperación técnica .

En el caso de Nicaragua, esta Relatoría junto a otros 7 mandatos enviaron una comunicación a Nicaragua el 19 de julio de 2021, mediante la cual señalan preocupación por el acoso y detención de integrantes de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, de Confidencial (que incluso tenía comunicación previa), así como casos específicos de detenciones arbitrarias, por lo que de manera conjunta estos mecanismos solicitaron información entre otras, sobre las investigaciones iniciadas contra la Fundación Violeta Barrios, fundamentos fácticos y normativos sobre los delitos imputados a Marco Antonio Fletes y Walter Antonio Gómez, así como medidas para garantizar una defensa y un juicio justo; en igual sentido respecto de Cristina Chamorro, información respecto del lugar donde se encuentra detenido Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga, información sobre las investigaciones realizadas en relación a actos de malos tratos y ataques físicos, información sobre el operativo en las oficias del periódico Confidencial, sobre los procesos judiciales y administrativos en relación la devolución de los bienes confiscados a Confidencial .

Esta comunicación, no ha tenido respuesta por parte del Estado y se suma a una lista de 4 comunicaciones previas realizadas en 2018 sobre la detención arbitraria de Jonathan Francisco López, así como agresiones, intimidaciones y amenazas de muerte contra Felix Maradiaga, Fidel Moreira, Oscar González y William Aragón. En los casos de Jonathan y Félix como represalias por su “comunicación y cooperación con organismos internacionales…” , en 2019 por los allanamientos ilegales y cancelación de organizaciones y medios de comunicación .

Asimismo, fueron enviadas otras 2 comunicaciones en 2020, una de ellas por:

“La falta de investigaciones efectivas sobre los ataques contra los empleados de Radio Darío, la detención de Miguel Mora y Lucía Pineda, director y jefa de prensa de 100% Noticias, los actos de hostigamiento y amenazas en contra de Carlos Fernando Chamorro, director de Confidencial, la confiscación de los medios de comunicación Confidencial y 100% Noticias, y la retención de materia prima de La Prensa durante 75 semanas”

y la segunda de ese año, fue sobre consideraciones a la ley especial de ciberdelitos, ley de regulación de agentes extranjeros, en las que señalan que ambas legislaciones:

“Presentan problemas graves y fundamentales de compatibilidad con las obligaciones de Nicaragua en virtud del derecho internacional. Si bien no discutimos que el Estado tiene un interés legítimo en la regulación de los delitos cibernéticos y en evitar la injerencia de terceros Estados en sus asuntos internos, cualquier medida de este tipo debe ser en sí misma compatible con el derecho internacional en general y con el derecho de los derechos humanos en particular”

El resultado positivo de este mecanismo, es que se pueden plantear situaciones de carácter particular como general, que constituyen herramientas útiles para la incidencia como para aportarlos como elementos probatorios por denegación de justicia en sistemas nacionales o internacionales.

4. Comité de Derechos Humanos

Dicho Comité vigila el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Tiene dentro de sus funciones, conocer y resolver de casos individuales planteados bajo su competencia, realizar un examen a los Estados cada cuatro años sobre el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en virtud del pacto y también puede interpretar disposiciones de la Convención, conocidas como Observaciones generales.

Actualmente, se podrían presentar casos ante el Comité Derechos Humanos, dado que Nicaragua ha otorgado competencia al mismo para conocer y resolver denuncias por violaciones al Pacto de Derechos Civiles y Políticos

Hasta este momento, el Comité solo ha resuelto un caso sobre Nicaragua que data de 1994 y que está referido a privación arbitraria de la libertad y actos de torturas ocurridos en la década de los años 80.

En la actualidad, el Comité de Derechos Humanos, sigue siendo una un mecanismo vigente para plantear denuncias, incluyendo las violaciones al derecho de libertad de expresión, opinión e información.

Es importante recordar que este Comité ya ha examinado al Estado de Nicaragua y ha establecido recomendaciones en esta materia expresando lo siguiente:

“19. El Comité observa con preocupación un creciente número de denuncias sobre presuntos casos de acoso sistemático y amenazas de muerte contra defensores de derechos humanos por parte de personas, sectores políticos u organismos vinculados a los poderes estatales. … El Comité expresa igualmente su preocupación por las restricciones de facto en el disfrute del derecho a libre asociación por parte de organizaciones de defensores de derechos humanos (artículos 19 y 22).

El Comité recomienda que el Estado Parte tome las medidas necesarias para cesar los presuntos casos de acoso sistemático y amenazas de muerte, especialmente contra aquellas defensoras de los derechos de las mujeres, y que los culpables sean debidamente sancionados. El Estado parte debería, por otro lado, garantizar el derecho a libertad de expresión y asociación a las organizaciones de defensores de derechos humanos en el ejercicio de sus funciones”

En conclusión y al revisar todas estas observaciones y recomendaciones, podemos afirmar no solo que el Estado de Nicaragua, ha negado la existencia de las violaciones a estos derechos humanos, sino que ha construido una narrativa dirigida a justificar la persecución contra activistas, defensores, defensoras, excarcelados-as políticos-as y sus familias, organizaciones, periodistas y medios de comunicación.

Finalmente, consideramos que es importante continuar registrando, denunciando y documentando las violaciones a derechos humanos, así como utilizar estos mecanismos que la comunidad internacional pone a disposición de las víctimas cuando los mecanismos de protección internos fallan, aunque ello implique un largo camino por recorrer ante dichas instancias.

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