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Pronunciamiento respecto al documento emitido por el Ejército de Nicaragua acerca de la situación de la población campesina

I. ANTECEDENTES

El 25 de septiembre de 2019 el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca + (En adelante El Colectivo) participó junto al Movimiento Campesino y Acción Penal en el 173 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH. En dicha audiencia se presentó el informe “Situación de los Derechos Humanos de la Población Campesina”, denunciando la persecución, asedio, desplazamiento forzado, criminalización y ejecuciones arbitrarias en el campo, sin que el Estado de Nicaragua compareciera a dicha audiencia, como práctica reiterada de los últimos años, en desprecio a todo tipo de mecanismo de fiscalización en materia de derechos humanos, nacional e internacional.

Además, en el mismo informe se denunció detenciones y enjuiciamiento de al menos seis líderes campesinos y el exilio forzado de otros líderes y lideresas. Así como las graves lesiones que sufrieron otras víctimas sobrevivientes de ataques dirigidos a privarles arbitrariamente de la vida.


El Ejército de Nicaragua, reaccionó con un documento enviado selectivamente, semanas después de la audiencia ante la CIDH, sin la seriedad que corresponde a un Estado, evadiendo su participación en la audiencia ante el mecanismo interamericano de derechos humanos, y cuyo contenido está encaminado a mantener la impunidad en relación a estas graves violaciones de derechos humanos, frente a la sociedad civil y familiares de las víctimas, que desde hace décadas vienen demandando justicia respecto a los crímenes cometidos.

Descarga el documento del Ejercito aquí

Es evidente, como de costumbre, la forma distorsionada y mala fe con que el Estado pretende argumentar y justificar la irresponsabilidad de su actuar, por lo que es pertinente abordar estas falencias e inconsistencias que una vez más confirman la práctica de impunidad que ha mantenido el Estado. A continuación, observaciones respecto del documento emitido por el Ejército.

II. IMPORTANCIA DE LOS ANTECEDENTES DE LA SITUACIÓN DE LA POBLACIÓN CAMPESINA RESPECTO A GRAVES VIOLACIONES A SUS DERECHOS HUMANOS

El informe se fundamenta en testimonios, documentos, y en hechos públicos que circulan en medios de comunicación. La naturaleza del actuar de las organizaciones defensoras de derechos humanos implica la recepción y custodia de información y la administración de ésta, a fin de lograr avances en la tutela y restitución de derechos de las víctimas, uno de los pasos para la sistematización de estas violaciones para la búsqueda de la verdad y justicia.

El documento circulado por el Ejército descalifica el informe refiriendo que se basa en “notas informativas ya desvirtuadas en medios de comunicación social”, distorsionando la realidad de los casos, que en el fondo no han obtenido justicia, porque ni las víctimas ni la sociedad han participado de dichos procesos dirigidos a conocer la verdad. Una acción positiva porparte del Estado en aras de contribuir al derecho a la verdad y el acceso a la justicia es que se realicen investigaciones independientes y proporcionar toda la información necesaria para que se puedan contrastar los hechos controvertidos con su versión, toda vez que ninguna fuerza militar, policial o particular debe estar por encima de la Ley.

IV. LA DESCALIFICACIÓN Y ESTIGMATIZACIÓN DE DEFENSORES Y DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS

El documento del Ejército descalifica a los defensores del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +, refiriendo que Gonzalo Carrión Maradiaga y Wendy Flores Acevedo; son los autores del informe y “miembros de Movimiento Renovador Sandinista y Movimiento Rescate del Sandinismo”.

Al respecto, denunciamos que la entidad militar miente deliberadamente, con el propósito de desacreditar y distraer el tema de fondo que son las graves violaciones a los derechos humanos, por cuanto dichos defensores no pertenecen a los citados movimientos. Adicionalmente, se hace referencia a la participación de la autoría del informe a la defensora de derechos humanos Mónica López Baltodano, activista ambiental y directora de Popol Na, cerrada ilegalmente el 12 de diciembre de 2018 al igual que el CENIDH; no obstante, aclaramos que Mónica López no participó en la elaboración del informe en cuestión, convirtiendo dicho acto en un ataque más del Ejército, dirigido en contra de dicha defensora.

Otras descalificaciones refieren que Gonzalo, Wendy y Mónica son reconocidos “… con posiciones radicales, implicados en levantamientos contra el gobierno que encabezó Violeta Barrios y Arnoldo Alemán”. Esta afirmación, es absolutamente falsa, por cuanto Gonzalo, desde 1992 es defensor de derechos humanos y en el caso de Wendy Flores y Mónica López, para la fecha afirmada por el Ejército, eran unas niñas menores de 10 años.

Por ello, estas aseveraciones del Ejército están dirigidas a descalificar la defensa de los derechos humanos de un colectivo integrado por activistas que fueron obligados al exilio precisamente por denunciar los graves abusos de poder y las sistemáticas violaciones a los derechos humanos, acompañando a las víctimas, antes desde el CENIDH y en los últimos meses a través del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +.

Valga aclarar que los autores del informe son tres organizaciones: Movimiento Campesino (MC); Acción Penal (AP) y el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +, integrado por personas comprometidas con la verdad y contó con el acompañamiento de la Fundación para el Debido Proceso. No existió ninguna participación del MRS o del Rescate al Sandinismo ni de sus directivos en el diseño mucho menos en la elaboración del documento. El Ejército pretende vincularnos con fuerzas partidarias, independientemente que es un derecho político estar organizado.

Es necesario afirmar que, a través del informe sobre la situación de la población campesina, se está en el ejercicio de los siguientes derechos:

  • A realizar una labor en favor de los derechos humanos individualmente o en asociación con otros;
  • A procurar la protección y realización de los derechos humanos en los planos nacional e internacional;
  • Asimismo, a partir de la descalificación por parte del Ejército en su documento, cabe reafirmar que las defensoras y defensores de derechos humanos en el ejercicio de su labor tienen derecho:
  • A obtener protección eficaz de las leyes nacionales al reaccionar u oponerse, por medios pacíficos, a actividades y actos, con inclusión de las omisiones, imputables a los Estados que causen violaciones de los derechos humanos.

Recientemente el “Frente Norte Carlos Fonseca Amador” difundió un mensaje de odio y amenazas que fue leído por personas encapuchadas y con vestimenta militar, según medios de comunicación desde las oficinas del Ministerio de Gobernación de Estelí y en contra de la población.Mensaje también difundido y respaldado desde radios oficiales.

Los medios oficiales también difundieron en redes sociales y a la militancia del partido de gobierno la apología de odio del ciudadano Carlos Fonseca Terán, reconocido miembro del partido de gobierno dejando en evidencia la participación del Ejercito como órgano represor.

Mientras el Ejército dice cumplir su deber de proteger la seguridad de las y los nicaragüenses, su mirada y aplicación de su ley es selectiva, los grupos armados irregulares vestidos de militar se jactan declarando ser un partido militar, que impunemente amenazan, intimidan y ejecutan crímenes contra la vida de ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses.

Como Colectivo reiteramos el derecho a defender derechos y en ese sentido continuamos con el compromiso de alzar la voz a favor de las víctimas de un régimen que desde hace años carece de razón y legitimidad porque se impone con el imperio de la fuerza militar, la intimidación y el terror contra la población que por ejercer ciudadanía es tratada como enemiga.

V. LOS ARGUMENTOS DEL ESTADO SON CONTRARIOS A DERECHOS HUMANOS

El hecho de calificar como delincuente a las personas que expresan su desacuerdo con el gobierno se ha convertido en una constante dentro de la Policía y el Ejército. Y lo usan precisamente como excusa para justificar que nunca han permitido que comisiones independientes de organismos nacionales puedan visitar el país para investigar los hechos in situ que han sido denunciados como violatorios de los derechos humanos por la ciudadanía.

En un régimen democrático y de derecho, la privación de la vida es incompatible con los valores que lo inspiran, ni siquiera como pena, y mucho menos se justifica con la descalificación, señalando a la víctima como delincuente, esto solo está dirigido a hacer creer en la opinión publica de que la persona ejecutada está bien muerta, sin que sea la autoridad competente la que ejerza el control de legalidad sobre el uso y abuso de las armas de fuego por parte de los agentes del Estado.

El Ejército acusa al Colectivo de mentir y manipular hechos, y en todos sus ejemplos e ilustración cae exactamente en la manipulación y la mentira. Basta observar la manera y el sesgo político partidario con que califica, no solo a integrantes del colectivo, sino también a medios de comunicación que por no ser oficialistas les descalifica como opositores señalando al medio 100 % Noticias, información fuera de contexto porque en el período señalado dicho medio se identificaba como afín al gobierno Ortega Murillo. Aquí se refleja la complejidad de los múltiples esfuerzos con que el Estado pretende la anulación del derecho a la libertad de prensa y expresión.

Resulta deplorable que el Ejército persista en una conducta de descalificación y deshumanización de las personas asesinadas o ejecutadas, cuyo lenguaje militar ha sido el de “delincuentes eliminados-aniquilados” tal como si el Estado puede quitar la vida arbitrariamente, en un Estado en el que la ejecución no existe ni siquiera como pena por la comisión de delitos. Desde hace años, los que cometen verdaderos crímenes de Estado, pretenden imponernos un lenguaje, cambiando el sentido y alcance de las palabras.

Si se tratase de la persecución de delitos cabe destacar que no le corresponde al Ejército esa función, los señalados de haber cometido un hecho ilícito deben ser detenidos, procesados y sancionados, observando los derechos y garantías que el orden constitucional e instrumentos de derechos humanos establecen y que el Ejército y la Policía en Nicaragua violan sistemáticamente desde hace varios años, sin que ningún mecanismo estatal ni social los controle.

Es pertinente observar que, el lenguaje político del Ejército es deliberante y contrario a la prohibición constitucional que lo define como apartidista y no deliberante, todo lo cual es violentado por la entidad militar que en el presente no tiene reparo alguno de aparecer públicamente cobijado por la bandera del partido de gobierno, responsable de graves crímenes contra la población nicaragüense.

Ver también: Masacre a indígenas Mayangnas

VI. DEL ACTUAR NEGLIGENTE DEL EJÉRCITO

En el documento se demuestra que existe una tendencia de la Policía y el Ejército en regiones montañosas específicas para actuar por encima de la Ley en todo sentido, y la total complicidad de las instituciones del Estado que deberían investigar las denuncias, y no lo hacen por estar sometidas al control del FSLN (partido político de gobierno). Práctica nociva generalizada en el país, desde hace casi 21 meses.

Los mandos superiores e intermedios del Ejército de Nicaragua deben entender que, su actuación no debe estar por encima de la ley, que no están obligados a acatar órdenes fuera del orden jurídico constitucional, y que cualquier acatamiento de esas órdenes les convierte en cómplices de crímenes y delitos que deben ser juzgados y penalizados. La credibilidad del Ejército se ha debilitado porque han decidido involucrarse en actos que violan los derechos humanos y eso ha provocado el rechazo y el miedo de las comunidades rurales afectadas, dolorosa realidad que no ha sido obviada por medios de comunicación independientes y organizaciones defensoras de derechos humanos.

En el documento distribuido selectivamente, el Ejército señala que ha cumplido y cumple con el ordenamiento jurídico nacional. Detener a ciudadanos bajo la descalificación de que son presuntos delincuentes, es función constitucional de la Policía Nacional, por ello no es extraño el alto nivel de efectividad de sus operativos donde es raro que hayan heridos o sobrevivientes: todos resultan muertos.

Ahora bien, la existencia de otros cuerpos armados irregulares que operan con la aquiescencia del Ejército y la Policía, es contraria a la Constitución, grupos que son señalados como responsables de muchos asesinatos y ejecuciones arbitrarias, durante los meses intensos de la represión de 2018 con al menos media docena de fusiles de guerra6 y que aun operan con garantía de impunidad, incluso en la propia capital, Managua, sede del estado mayor del Ejército, en las ciudades y en el campo. Otro punto que debe señalarse es la procedencia del armamento de los llamados “escuadrones de la muerte” de la “operación limpieza” puesto que esta artillería ha sido identificada como exclusiva del Ejército, y es con esta con la que mataron a cientos de nicaragüenses.

A la fecha, el Ejército no ha demostrado de manera objetiva, fehaciente y creíble, acerca de la procedencia de las armas de guerras utilizadas para asesinar y ejecutar a manifestantes, y del porqué no procedió a desarmar a los escuadrones de la muerte, permitiendo la existencia y operaciones de un tercer cuerpo armado. Para el Colectivo, se trata de un doble estándar


A los campesinos, por considerarse enemigos se les persigue y mata, con partes militares de que los han “eliminados” o “aniquilados”; mientras que a las fuerzas afines al régimen se les trata como amigos y se les deja cometer los peores crímenes de Estado en perjuicio de los derechos humanos. Ese doble estándar viola las obligaciones del Estado de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos para todos y todas.

VII. ARGUMENTOS DE CASOS PARTICULARES

La investigación realizada en su oportunidad por el CENIDH y en los casos actuales, por el Colectivo, concluye en que ninguna de estas ejecuciones a líderes campesinos y personas rearmadas en el campo tuvo una investigación seria, exhaustiva e imparcial, ni se procuró el establecimiento real de justicia. La parcialidad de las investigaciones es una línea transversal del Estado para ocultar su responsabilidad y garantizar la impunidad.

En la madrugada del 14 de febrero de 2011 una operación de inteligencia del Ejército asesinó a José Garmendia alias “Yahob”, en su informe público el Ejército se desvinculó de su asesinato y citó reportes periodísticos que recogían una investigación de la Policía y la posterior acusación al ciudadano Apolinar Hernández. El documento del Ejército alude esto, como una forma de deslegitimar al Colectivo y de aparentar una investigación, proceso y justicia en el asesinato de Garmendia, sin embargo, el crimen siguió en la impunidad.
En este caso Apolinar Hernández Castro fue acusado en Jinotega en dos ocasiones, en la primera el juez de audiencia decidió no admitir la acusación por no estar clara y en la segunda se admitió y pasó a juicio, el resultado de este se desconoce, ya que el expediente electrónico número 000145-0527-2011-PN, correspondiente al proceso mencionado, no se encuentra ningún acta relacionada ni información; no obstante, el CENIDH, organismo que dio seguimiento a dicho asesinato expresó que el crimen seguía en la impunidad. El experto en materia de seguridad Roberto Cajina aseguró sobre su muerte: “Le dispararon por la espalda. Una bala le atravesó la vena femoral en la pierna y murió desangrado. Fue una típica ejecución extrajudicial.”

Ver también: Armados con motivos políticos: una tragedia que se repite

Apolinar Hernández fue dejado en libertad, si bien como se dijo en el párrafo anterior, no existe sentencia en el proceso descrito, los reportes judiciales expresan que el 17 de enero de 2012 él presentó una demanda de divorcio unilateral bajo causa 000067-0441-2013-FM. A más de 8 años del asesinato de José Garmendia no se tiene conocimiento de una sentencia ni investigación que haya esclarecido su muerte, lo que desvirtúa el principal argumento del Ejército. En la muerte de “Yahob” se evidencia el patrón de impunidad con la que actuó el Ejército; y asimismo esto comprueba la mala fe, y falta de fundamento real del documento emitido por éste, en el que pretende desacreditar la información expuesta en el Informe sobre la situación de la población campesina.

Por otro lado, en el asesinato de Alberto José Midence López ocurrido en Honduras en diciembre de 2013, el Ejército volvió a negar su participación, se desvinculó de su muerte y expresó que esta persona había cometido múltiples delitos. En julio de 2011 el general Julio César Avilés expresó sobre Midence López y su movimiento lo siguiente:

«Lo único que te puedo decir es que tengo la certeza de que los responsables de un hecho de esa naturaleza, que no contribuye a la estabilidad interna de nuestro país, van a ser localizados, tengan la plena seguridad… quienes creen que con este tipo de acciones van a poner al país en zozobra, pues están muy equivocados»

El Ejército admitió la persecución a Midence y su grupo, quienes se movilizaban entre Nicaragua y Honduras, país en el que solicitaron refugio el 3 de marzo de 2013, meses antes de su muerte, él fue el único del grupo que dio su nombre10; su muerte no ha sido esclarecida ni por el Estado de Honduras o Nicaragua continuando en la impunidad; esta se suma a otra que comparten un mismo patrón “eliminación por arma de fuego a alzados en armas”.

Asimismo, en los asesinatos ocurridos en Pantasma en 2015, descritos en las páginas 64 y 65 del informe, el Ejército refirió que estos se dieron entre grupos delincuenciales, no obstante, el Cenidh, con algunos miembros actuales del Colectivo, llevó a cabo una investigación en el lugar de los hechos y realizó la siguiente labor:

  • Entrevista a miembros de la familia Duarte Peralta: Beneranda Peralta Rodríguez, esposa de Modesto Duarte, y a sus hijos/as: Yader Modesto, Jadier, María de Jesús, Reyna y Neftalí, todos Duarte Peralta. Asimismo, se entrevistó a Israel Peralta y Gloria Silvia Picado.
  • Inspección del lugar donde estalló el artefacto explosivo.
  • Entrevista a pobladores de la comunidad: Rubén Meza, Germán Centeno, Marlon Rivera y otras dos personas que pidieron no se revelaran sus nombres.
  • Entrevista al señor Oscar Gadea, Alcalde de Santa María de Pantasma.
  • Visita al Hospital Victoria Mota de Jinotega donde se entrevistó a Jadier Duarte Peralta, quien se encontraba en ese momento bajo resguardo policial.
  • Visita a la Delegación Departamental de Jinotega en la que se entrevistó al Comisionado Gustavo Antonio Aguilar, Segundo Jefe de Jinotega y Bernardo Solís, Jefe de Auxilio Judicial.
  • Conferencia de prensa en la sede del CENIDH en Managua el 23 de enero en la que miembros de la familia Duarte Peralta presentaron denuncia formal al CENIDH ante numerosos medios de comunicación radiales, escritos y televisivos.
  • Acompañamiento el 26 de enero a la señora Beneranda Peralta Rodríguez al Ministerio Público de Jinotega a fin de interponer denuncia contra el Ejército de Nicaragua.
  • Acompañamiento, el 26 de enero a la señora Peralta Rodríguez, a Unidad de Medicina Legal de Jinotega a fin de solicitar Dictamen Médico Legal y visita el 03 de febrero a Unidad de Medicina Legal de Jinotega en la cual se entrevistó a la Dra. Anyoli Rizo.

Ver también: Informe del CENIDH concluye: “Fue una acción militar”

La investigación concluyó que el Ejército tenía una participación directa en los hechos señalados, a pesar que el Ejército negó tener personal en el área nunca se realizó una investigación seria e imparcial; el Colectivo revisó en el Sistema Nicarao12 y aún no se ha presentado acusación contra ninguna persona responsable de estos asesinatos, tampoco se conoce la conclusión de alguna investigación oficial; el crimen también quedó impune y tiene como responsable directo al Ejército.

Andrés Cerrato es otro de los casos controvertidos por el Ejército, en el que también niegan la autoría del delito, incluso mencionan que el señor Cerrato dio una entrevista a la prensa en la que presuntamente no denuncia amenazas ni acosos por parte del Ejército, sin embargo, en dicha entrevista (5/03/2016) él denunció que en un allanamiento ilegal hecho por el Ejército le tomaron una fotografía, y un oficial moreno y alto le advirtió “si miramos que salís te matamos”13.

La versión del Ejército miente sobre las amenazas previas y sobre su autoría, Roberto Petray, directivo de la ANPDH estableció que Cerrato le mencionó que el Ejército lo amenazó de muerte… Petray recordó: “Los efectivos del Ejército le habrían dicho que si salían se atuvieran a las consecuencias”14. Al igual que el resto de ejecutados por el Ejército, su muerte se mantiene impune y no se conoce el resultado de una investigación seria.

Sobre las muertes de José Nahúm Mendoza Arriola, Margarito Mendoza Sevilla y Santos Pérez López el Ejército respondió: “sobre este hecho la Policía se refirió señalando que los fallecidos estaban involucrados en actividades de trasiego de mariguana de Nicaragua a Honduras y durante una transacción de droga se dio el hecho”, en este caso el Ejército no niega su participación y por el contrario justifica su asesinato y, en contubernio con la Policía, dejan en la impunidad el hecho, al no haber ninguna investigación del caso; ante ello la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha recordado la responsabilidad de los Estados:

En casos en que se alega que ocurrieron ejecuciones extrajudiciales es fundamental que los Estados realicen una investigación efectiva de la privación arbitraria del derecho a la vida reconocido en el artículo 4 de la Convención, orientada a la determinación de la verdad y a la persecución, captura, enjuiciamiento y, eventual, sanción de los autores de los hechos. Este deber se hace más intenso cuando están o pueden estar involucrados agentes estatales que detienen el monopolio del uso de la fuerza. Además, si los hechos violatorios a los derechos humanos no son investigados con seriedad, resultarían, en cierto modo, favorecidos por el poder público, lo que compromete la responsabilidad internacional del Estado

Corte IDH. Caso Favela Nova Brasília Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de febrero de 2017. Serie C No. 333., Párrafo 177

La versión policial fue desmentida por familiares, el medio de comunicación de 100% noticias:

Degollados, con muestras de torturas y heridas de bala aparecieron los cuerpos de José Nahum Mendoza Arriola de 47 años, Miguel López Mendoza de 34 y Santos Marino Castellón Gutiérrez de 19, los tres hombres que aparecieron muertos en el municipio de Ciudad Antigua, departamento de Nueva Segovia.

En dicha nota de prensa se cita la declaración de la esposa de Mendoza Arriola:

Ellos simplemente estaban en el monte, durmiendo en el monte porque tenían persecución política. Eran vigilados por la Policía, por persona que ponía la Policía, entonces ellos ya no podían estar en su casa (…) Simplemente por no ser de un partido de gobierno.

La impunidad se mantuvo en los casos mencionados, y también en otro controvertido por el Ejército, los asesinatos de la Cruz de Río Grande del 12 de noviembre de 2017, en la Comunidad San Pablo 22, donde el Ejército asesinó a 6 personas, entre ellos 2 niños, por ser presuntamente rearmados. Sobre estos asesinatos, el Ejército volvió a admitir los hechos y trató de justificar su asesinato al referirse que ellos eran delincuentes. Sobre esta ejecución múltiple no se abrió una investigación, aun cuando se denunció que una de las niñas fue violada, lo que constituye una múltiple violación a derechos humanos.

La acción militar en la Cruz de Río Grande, es uno de los casos mayormente documentados por distintas organizaciones y medios de comunicación, no cabiendo duda alguna que se trató de una acción militar de “eliminación”.

En todos estos casos, así como el resto denunciados y documentados por el Colectivo no se registra una investigación seria ni condena, por lo que no solo existe una responsabilidad del Estado de forma directa en su ejecución, sino en la falta de investigación, envolviendo principalmente a dos instituciones: Ejército y Policía. Cabe recordar que el máximo jefe de éstas es el Presidente de Nicaragua, por lo que dichas acciones directas, así como las que están encaminadas en garantizar la impunidad indefectiblemente implican también al jefe de Estado de Nicaragua.

Finalmente es necesario concluir que el Ejército pretende evadir su responsabilidad en los crímenes denunciados, reiterando la práctica con garantía de impunidad, para lo cual utiliza la mentira, descalificación y focaliza su ataque contra Wendy Flores Acevedo y Gonzalo Carrión Maradiaga del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +; así como contra la colega Mónica López Baltodano, elevando el riesgo que constituyen dichos ataques, en un país, cuyo Estado castiga el ejercicio de ciudadanía y la defensa de los derechos humanos.

San José, 8 de enero de 2020.

“NUNCA + DICTADURA,
NUNCA + IMPUNIDAD
NUNCA + OLVIDO”

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