Pronunciamiento ante las serias denuncias de amenaza e intimidación contra familias refugiadas en Upala

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Upala refugiados

Organizaciones solicitan que se investigue y actúe con diligencia ante las serias denuncias de amenaza e intimidación contra familias refugiadas en Upala

San José, 28 de abril de 2020.- El pasado 23 de abril, personas refugiadas y solicitantes
de asilo nicaragüenses, denunciaron que autoridades costarricenses -principalmente
oficiales de la Fuerza Pública y Migración- allanaron con actitudes violentas la finca en que
viven y trabajan en Upala.

Según las declaraciones de las personas en el lugar, en el operativo participaron cerca de
35 representantes de la Fuerza Pública, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el
Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el Ministerio de Salud, la Dirección General de
Migración y Extranjería (DGME) y la Municipalidad de Upala, quienes llegaron a la finca en
al menos 10 vehículos oficiales

De acuerdo con los testimonios recabados, los oficiales ingresaron a la finca alrededor de
las 10:00 de la mañana “fuertemente armados”, sin identificarse y de manera inapropiada,
allanaron viviendas y desalojaron a los ocupantes de sus cuartos, entre los que se contaron
adultos, niños, niñas y personas adultas mayores que se encontraban durmiendo. No
presentaron ninguna explicación u orden que justificara su entrada a la propiedad privada
que las personas campesinas alquilan en la zona.

Una vez ahí, las reunieron en el área de cocina pidiendo que mostraran sus documentos
personales. Según el relato de las familias afectadas, las autoridades trasladaron a la
oficina de Migración de Upala a un joven de 24 años solicitante de refugio por no haber
asistido a su última cita y, si bien le otorgaron una nueva fecha para presentarse, uno de
los oficiales lo atemorizó con deportarlo a Nicaragua si volvían a encontrarlo en la finca,
desconociendo con ello el “principio de no devolución” al que se adscribe Costa Rica en el
Derecho Internacional para la solicitud de refugio.

Las personas afectadas sostienen en sus declaraciones que los oficiales de policía les
expusieron a aglomerarse, sin el distanciamiento necesario y sin tomar ninguna medida de
prevención para evitar el contagio por el COVID-19. Al parecer, el trato fue irrespetuoso e
intimidante, incluso amenazándoles con quemar una construcción dentro del terreno
destinada a resguardar animales.

Desde el Centro de Derechos Sociales de la Persona Migrante (CENDEROS), el Servicio
Jesuita para Migrantes Costa Rica, el Colectivo Derechos Humanos Nicaragua Nunca+, y
el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), organizaciones que
acompañamos a las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo en el país,
manifestamos nuestra profunda preocupación y solicitamos la investigación respectiva ante
los hechos tan graves que aquí se exponen.

Sobra decir que estas personas han padecido las consecuencias de la violencia estatal en
su país de origen y por eso rechazamos cualquier accionar que derive en nuevas formas
de revictimización en Costa Rica, dónde han tenido que huir para resguardarse. Hemos
recuperado los fuertes testimonios de este evento específico en Upala, que nos alerta, pues
podría ser apenas un ejemplo de una práctica recurrente en los niveles primarios de
atención o respuesta interinstitucional, en lo que respecta al trato que reciben las personas
extranjeras.
Ante la crisis de salud que enfrentamos a nivel mundial, reconocemos la oportuna respuesta
del Estado de Costa Rica que ha logrado mitigar la propagación del virus y prestar atención
adecuada a las personas que lo han requerido. Sin embargo, insistimos en que se corre el
riesgo de que el contagio del COVID-19 resulte en crecientes manifestaciones de
discriminación y xenofobia en Costa Rica y ese es un punto que el Estado debe seguir
observando con gran atención. El caso de Upala puede ser expresión de esta preocupante
dinámica.
Así, el Estado de Costa Rica tiene la obligación de tomar todas las medidas necesarias para
garantizar los derechos humanos de grupos como el antes descrito. Si bien es de aplaudir
las formas en las que se han evitados discursos o medidas discriminatorias, estigmatizantes
o xenofóbicas en relación con la población migrante o extranjera en esta coyuntura de
emergencia sanitaria, la sensibilización y la información no están en todos los niveles de la
función pública, como lo han insistido diferentes organizaciones desde hace años. Eso por
eso que se deben adoptar medidas positivas para combatir dichas prácticas discriminatorias
y contraproducentes.

El Estado costarricense tiene también la obligación de garantizar el acceso de todas las
personas a buscar y recibir asilo. En este sentido, recordamos que las medidas
implementadas en respuesta al COVID-19, incluido el cierre de fronteras, no pueden
impedir que quienes necesitan protección internacional puedan solicitarla, ni deben justificar
la devolución de personas solicitantes de asilo o refugiadas a territorios donde estarían en
riesgo.

Confiamos en que los hechos ocurridos el pasado 23 de abril serán investigados, incluidas
las amenazas dirigidas de deportación o violencia, con el fin de sancionar a los funcionarios
responsables, garantizar la vida e integridad de las personas refugiadas y solicitantes de
asilo, y enviar un mensaje claro de que este comportamiento no será tolerado.
Esperamos que el Estado de Costa Rica continúe tomando todas las medidas necesarias
para garantizar los derechos humanos de la población, en igualdad de condiciones y sin
discriminación alguna por estatus migratorio o nacionalidad.