PRONUNCIAMIENTO: 10 casos de personas presas políticas desde el año 2011 en Nicaragua

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  1. Buenos días a todos y todas, muchas gracias por hacerse presentes el día de hoy. Sabemos que son días muy difíciles, de muchísimo dolor para muchos de nosotras y nosotros no solo por la pandemia, sino que también por la negligencia y criminalidad con que el régimen ha enfrentado la situación. Nos solidarizamos con el pueblo de Nicaragua, que vive la crisis sanitaria del Covid 19 atravesada con la violencia y represión de Estado.
  1. El día de hoy nos convoca la necesidad de hacer justicia y denunciar una vez más las arbitrariedades del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Es por esto que ante el pueblo de Nicaragua y la comunidad internacional hoy reconocemos públicamente 10 casos de nicaragüenses presos políticos que fueron detenidos, procesados y condenados de forma arbitraria e injusta por estar vinculados a protestas sociales o bien por su participación en grupos políticos, todos ellos encarcelados desde antes de abril 2018.
  1. Tras un proceso de investigación, constatación, documentación y construcción de expedientes individuales, en donde han participado distintos actores, entre ellos, el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, el Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos (GREX) y personas defensoras de derechos humanos que hemos venido denunciando la prisión como forma de persecución política, hoy presentamos 10 casos de personas presas políticas desde el año 2011 en Nicaragua, y nos constituimos en un Comité Pro Libertad de estos 10 presos políticos, a través de procesos nacionales e internacionales.
  1. El sistema de justicia de Nicaragua ha sido utilizado por el régimen Ortega Murillo para criminalizar y judicializar las protestas sociales y la disidencia. Desde abril de 2018 se han logrado documentar casos sistemáticos de criminalización de la protesta social. Hoy, a través de estos 10 casos, evidenciamos que esto ocurría desde antes en Nicaragua. Así lo demuestran los encarcelamientos y judicializaciones de Marvin Vargas Herrera, Wilfredo Balmaceda Castrillo, Walter José Balmaceda Ruíz, Eddy Antonio Gutiérrez Delgadillo, Jairo Antonio Obando Delgadillo, Leonel Antonio Poveda Palacios, Zacarías Isabel Cano Angulo, Rosendo Antonio Huerta Gonzales, José Ricardo Cortez Dávila y José Oliver Meza Raudez.
  1. Hoy reconocemos el carácter político tras la privación de la libertad de estos 10 casos referidos, ya que encontramos elementos que dan cuenta del cumplimiento de criterios consistentes con el concepto de preso político acogido por la resolución XX adoptada por el Consejo de Europa. A partir del análisis de los casos, se encontraron nexos de detención por ejercicio de derechos fundamentales, en otros casos motivación política de la detención sin comisión de delito. En todos los casos se encontraron abusos de poder como detenciones prolongadas, aplicación desigual de la ley, y manifiesta violación del debido proceso, por motivaciones políticas.
  1. Las motivaciones políticas del régimen para privar a estas persona de su libertad son, entre otras cosas, las siguientes: la necesidad de sustentar una campaña o una determinada narrativa política del poder con respecto a determinadas situaciones de trascendencia nacional en ese momento, como eran las elecciones de 2016, también encontramos que muchas de la detenciones están relacionadas con la necesidad de control territorial del de las comunidades, es decir, como forma de amenazas a opositores, espacios organizados de oposición en la localidad y mensajes de amedrantamiento de otros sectores sociales que en su momento se habían atrevido a desafiar el control absoluto que la dictadura en construcción quería imponer y lo terminó logrando en los primeros 11 años de su gestión.
  1. Todas las detenciones tenían las mismas características, los detenidos fueron trasladados desde sus municipios hasta Managua, llevados a las celdas policiales de la Dirección de Auxilio Judicial (El Chipote), donde permanecieron aislados, sin acceso a familiares, abogados o defensores, sometidos a golpes e incluso actos de torturas (denunciados en audiencias judiciales), funcionando como mensajes que paralizaron las movilizaciones o protestas ciudadanas en las que participaban.
  1. Por todo lo antes mencionado, reconocemos el carácter político y represivo de estas detenciones, e informamos sobre la precaria situación carcelaria de estos Presos Políticos recluidos todos en el Centro Penitenciario de Tipitapa Jorge Navarro, La Modelo, en las celdas de la Dirección de Máxima Seguridad (DMS), conocida como “La 300”.
  1. Demandamos la libertad de Marvin Vargas Herrera, Wilfredo José Balmaceda Castrillo, Walter José Balmaceda Ruíz, Eddy Antonio Gutiérrez Delgadillo, Jairo Antonio Obando Delgadillo, Leonel Antonio Poveda Palacios, Zacarías Isabel Cano Angulo, Rosendo Antonio Huerta Gonzales, José Ricardo Cortez Dávila y José Oliver Meza Raudez, quienes se encuentran detenidos arbitrariamente e injustamente, además siendo sometidos a los abusos, malos tratos, torturas, como formas de castigo, por su participación o liderazgos políticos.
  1. Exhortamos al pueblo de Nicaragua, organizaciones de la sociedad civil, y a personas defensoras de derechos humanos a unirse a esta demanda junto a los abajo firmantes a través de su adhesión al documento que estaremos circulando durante los próximos 8 días y que culminara el 26 de junio en ocasión del Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura.

Comité Pro Libertad de Presas y Presos Políticos, antes del contexto de abril del 2018

Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos de Nicaragua (GREX)

Colectivo de Derechos Humanos “Nunca Más”

Defensoras y defensores de Derechos Humanos

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A partir del análisis de los casos se encontró presencia de nexos de detención por ejercicio dederechos fundamentales, en otros casos motivación política de la detención, sin comisión de delito. También en todos los casos se encontraron elementos relacionado con detención prolongada como resultado de motivación política, aplicación desigual de la ley fundamentada en motivaciones políticas, y finalmente manifiesta violación del debido proceso, relacionada con motivación política.