Participación del abogado Carlos Guadamuz Hernández, en el lanzamiento de la campaña #NicasLibresYA

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La práctica sistemática de la tortura sigue vigente en el país, como un modelo de represión instaurado desde el inicio de las protestas en abril de 2018; los primeros actos de torturas fueron narrados por algunos de los 200 jóvenes liberados del Centro Penitenciario “Jorge Navarro” el 24 de abril de ese año, quienes salieron rapados, descalzos y golpeados, uno de ellos narró que en el Penal los custodios “hicieron fila para patearnos” , esto marcaría el inicio de esta práctica estatal caracterizada por detenciones ilegales y violentas, falta de información a familiares, detenciones por largos periodos sin acusación, golpizas y/o violencia psicológica e ineficacia de cualquier mecanismo interno para defender sus derechos. Durante 2018 y mediados de 2019 se reportaron múltiples detenciones en centros clandestinos o irregulares, como fincas y casas departamentales del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), las cuales fueron acompañadas de una mayor saña en la ejecución de torturas.

Dentro de las prácticas de tortura identificadas se pueden mencionar: aislamientos prolongados, asfixias secas y húmedas, tortura por suspensión caracterizada por colgar a una persona por sus extremidades inferiores o superiores, tortura sensorial a través de la cual se ha utilizado una luz u oscuridad constante para hacer perder la noción del tiempo a la persona, extracción violenta de uñas, violencia psicológica caracterizada principalmente por amenazas contra sus familiares, tanto de detenerles como de matarles, violarles o incluso sustraerlos de su tutela, falta de atención médica, agua potable y comida en buen estado, entre otras.

Desde la aplicación de la Ley de Amnistía en 2019 el Estado ha implementado una política de “puerta giratoria” caracterizada por una liberación y posterior recaptura de esta persona bajo “delitos comunes”, así mismo, luego de estas liberaciones se fortaleció la vigilancia y hostigamiento policial y paraestatal a las personas excarceladas políticas y sus familiares, obligándoles en muchos casos al desplazamiento forzado interno o externo o sometiéndoles a una suerte de “muerte civil” debido a la sustracción de sus derechos al trabajo, a la salud, educación, alimentación adecuada, incluso llegando al extremo de no permitirles si quiera la instalación de servicios de internet; los constantes hostigamientos, amenazas e incluso agresiones a personas excarceladas y sus familiares se pueden considerar mínimamente como tratos crueles e inhumanos, y en algunos casos, tortura.

A mediados de 2021, Nicaragua entraría en una profundización de la crisis de derechos humanos, ya que en un contexto preelectoral se adoptarían nuevas legislaciones como la “Ley de Soberanía” o las de Reformas al Código Procesal Penal, a través de la cual se autorizaría la detención de hasta 90 días sin acusación ni pruebas, además del cierre de medios de comunicación independientes, cancelaciones de personalidades jurídicas de organizaciones de la sociedad civil y la detención de más de 40 personas, entre ellas pre-candidatos/as presidenciales, periodistas, defensores de derechos humanos, entre otros; así mismo, del 3 al 7 de noviembre la policía detuvo  al menos a 35 personas más.

Estas nuevas detenciones aumentarían la estigmatización contra las personas presas políticas, llamándoles traidores, hijos de perra, entre otros apelativos, además se generalizaría la práctica de las desapariciones forzadas temporales, siendo la mayoría de estas personas recluidas en el Nuevo Chipote, donde han sido sometidas a condiciones infrahumanas de reclusión, privadas de atención médica, estas condiciones les han generado graves daños; el 21 de marzo de 2022 un grupo de familiares de estas personas presas políticas denunciaron que se han agravado sus enfermedades crónicas, han presentado hongos en la piel, dermatitis y síntomas compatibles con el Covid-19.

Otro de los actos de tortura perpetrados en este centro policial son los aislamientos constantes y la violencia psicológica empleada, entre estos casos no se puede dejar de mencionar a Tamara Dávila a quien le imputan ser una “mala madre”. Estas condiciones constantes de insalubridad y falta de atención médica propiciaron el fallecimiento del señor Hugo Torres en febrero de 2022.

A partir de esta fecha, las golpizas y otros actos de tortura aumentaron dentro del Centro Penitenciario “Jorge Navarrro”; en este período se registraron actos de torturas como golpizas con tonfas y patadas, utilización de gas pimienta contra el cuerpo o rostro de las personas presas políticas, abusos sexuales contra ellos/as y sus familiares, tortura por suspensión, aislamientos, principalmente en las celdas de máxima seguridad, así como algunos presos políticos han reportados ser arrastrados por los pasillos del Centro Penitenciario al ser trasladados o luego de ser golpeados. Aunado a ello, luego de estas golpizas los custodios se han burlado de ellos externándoles “el comandante es el que manda” o “los tranqueros y golpistas” no saldrán nunca o amenazas como “si yo quiero te mato, aquí manda el comandante y yo camino pistola con 10 cajas de tiros para usarla cuando yo quiera”.

El 25 de abril de 2022 diecisiete presos políticos del centro penitenciario de Waswalí iniciaron una huelga de hambre indefinida como protesta a los tratos crueles e inhumanos recibidos, esta acción fue dada a conocer por Manuel Urbina Lara, a quien como medida de represión lo sacaron de su celda y le propinaron una brutal golpiza hasta dejarle inconsciente.

La situación de salud de estas personas presas políticas sigue siendo alarmante, ya que muchas de ellas han sufrido pérdidas considerables de peso, afectaciones a su salud mental, presentación de cuadros diarreicos, febriles o de hipertensión producto de las condiciones de reclusión.

Así mismo, es importante mencionar que a la fecha se encuentran 18 mujeres presas políticas, quienes son privadas de atenciones médicas diferenciadas en razón de su sexo, identidad de género y orientación sexual, como, por ejemplo, atención ginecológica, acceso a tratamiento hormonal para las mujeres trans, acceso a objetos de higiene personal e íntima, entre otras.

Las familias de las personas presas políticas también son víctimas de malos tratos, al ingresar a los diversos centros de detención para las visitas son sometidas a inspecciones corporales rigurosas, en las que en ocasiones se practican abusos sexuales, incluso contra niñas o adolescentes, posteriormente son obligadas a tomarse fotos y videos, además de ser vigiladas siempre por funcionarios armados, quienes generalmente anotan lo que conversan con sus familiares; al finalizar les exigen firmen un documento en el que hacen constar que su familiar se encuentra bien, bajo amenaza de no concederle la próxima visita, también han sido amenazadas si denuncian lo que sufren sus presos y presas políticas. Así mismo, se han reportado asedios y hostigamientos en la casa de habitación de estos familiares, lo que ha obligado a muchas de estas personas a exiliarse.

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