ONGs despojadas de sus personalidades jurídicas demandan al Estado de Nicaragua ante la CIDH

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200521 Conferencia de Prensa FdR y Popol Na

Fundación del Río y Popol Na demandarán al Estado de Nicaragua ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la cancelación arbitraria de sus personalidades jurídicas y por la confiscaciones de sus propiedades. La presentación de la petición ante la CIDH de ambas organizaciones esta siendo acompañadas legalmente por el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.

El 13 de diciembre de 2018, la Asamblea Nacional controlada por el FSLN, aprobó de manera arbitraria el Decreto 8514-2018 cancelando la personalidad jurídica de la Fundación Popol Na para la Promociona y Desarrollo Municipal, este mismo día mediante el Decreto 8512-2018 también fue cancelada la personería jurídica de Fundación para la Conservación y el Desarrollo del Sureste de Nicaragua (Fundación del Río). Estas organizaciones y otras 7 organizaciones de sociedad civil han sido víctimas del despojo de sus bienes, allanamiento, expropiación y robo por parte de aparatos Estatales.

Ambas organizaciones han venido dando la batalla legal en Nicaragua, introduciendo recursos de amparos, recursos por inconstitucionalidad y escritos por retardación de justicia, sin que haya respuesta de la Corte Suprema de Justicia a sus solicitudes. Frente a este escenario de agotamiento de las instancias legales nacionales, las organizaciones deciden elevar el caso a las instancias internacionales ante la CIDH, en la defensa de los derechos humanos que les han sido violado, como la libertad de asociación, el derecho al trabajo, los derechos a las garantías judiciales, los derechos de libertad de reunión, de circulación, de pensamiento, de expresión y los derechos a la integridad personal y la vida privada, entre otros.

Con esta acción, nuevamente el Estado de Nicaragua vuelve a estar señalado a nivel internacional de violar los derechos humanos de los ciudadanos nicaragüenses, este caso seria el inicio de un proceso legal internacional que podría dilatar mas de 5 años para su resolución, pero que podría establecer recedentes y jurisprudencia en la defensa de la liberta de asociación en Nicaragua.

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