Nicaragua: ONGs continuarán documentando y denunciando actos de tortura, pese a la falta de cooperación del Estado con la ONU

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En una conferencia de prensa convocada con el propósito de  analizar las Observaciones Finales del Comité contra la Tortura (CAT) para el Estado de Nicaragua emitidas el pasado 29 de julio, representantes de organizaciones defensoras de derechos humanos, nicaragüenses e internacionales,  denunciaron que en el país centroamericano se han violentado sistemáticamente los derechos humanos y la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes desde el año 2008. 

Nicaragua tiene “obligaciones ineludibles” en materia de prevención de tortura 

Tania Agosti, Asesora Legal en Ginebra para el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) recordó que, el pasado 14 de julio, el CAT convocó al Estado de Nicaragua para comparecer a la  revisión en el marco de la Convención contra la tortura, y “no solo no asistió, sino que, en un episodio sin precedentes, acusó la falta de imparcialidad y objetividad del Comité para cuestionar sus informes e injerir en sus leyes”.

Agosti aseguró que la falta de compromiso del Estado de Nicaragua para cumplir  a sus obligaciones internacionales ocurre en un contexto en el que se le acusa de “poner en marcha una política de detenciones arbitrarias contra cualquier tipo de oposición y mientras se reportan al menos 190 personas privadas de libertad por motivos políticos, en condiciones inhumanas donde existen claros indicios de tortura y violencia”. 

Para Olga Guzmán, Consejera Principal de Derechos Humanos para América Latina de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), este panorama es “muy desolador”, puesto que el Estado de Nicaragua no solo se resiste a acatar las recomendaciones de este Comité, tampoco acepta las visitas de otros órganos de las Naciones Unidas y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Por su parte, Juan Pablo Vegas, miembro del Subcomité para la Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas y Relator para Nicaragua, remarcó que Nicaragua tiene “obligaciones ineludibles” en materia de prevención de tortura y su falta de cooperación forma parte de un patrón de comportamiento reiterado, sin embargo, “no es la primera vez que las Naciones Unidas (ONU) se topan con un gobierno que es renuente a cooperar”. Por ello, la ONU debe hacer todo lo que esté a su alcance “para mitigar la tremenda soledad y aprensión que (…) las defensoras y defensores de los derechos humanos en Nicaragua sienten hoy en día, así como para contribuir a mejorar las condiciones de las personas privadas de libertad en este hermano país, conforme a los estándares internacionales”.

Finalmente, llamó al Gobierno nicaragüense a recapacitar sobre su posición respecto a las y los defensores de derechos humanos y a los sistemas internacionales de promoción y protección de los derechos humanos, y exhortó a que les “deje trabajar en bien de las mujeres y hombres de Nicaragua que quieren, ni más ni menos, que ejercer sus derechos como les corresponde”.

Falta de imparcialidad del Sistema de Justicia Penal

Alexandra Salazar, Coordinadora de la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ), expuso que el “evidente incumplimiento del Estado”, la parcialidad del Sistema de Justicia Penal (Policía Nacional, Fiscalía, Poder Judicial y Sistema Penitenciario) y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, y la intencionalidad represiva orientada a la violación de los derechos de los ciudadanos nicaragüenses, ha quedado demostradas ante el CAT. 

Estas instituciones han ejercido prácticas sistemáticas de tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes a través de la aplicación de la prisión preventiva, el régimen de aislamiento y castigo de manera generalizada en contra de personas privadas de libertad por motivos políticos, y por plazos superiores a los máximos permitidos en la legislación nicaragüense. 

Juan Carlos Arce, abogado del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, recordó que el Comité manifestó “serias preocupaciones y recomendaciones al Estado en materia de administración de justicia y violaciones a pueblos indígenas”. Los informes recibidos por el CAT indican ataques violentos contra miembros de pueblos indígenas y personas afrodescendientes, algunos con resultado de muerte; sin embargo existe una presunta reticencia de las autoridades para investigar los hechos, así como intentos de criminalización y estigmatización de las organizaciones defensoras que trabajan en la protección de sus derechos.

Gobierno de Nicaragua ejerce violencia patriarcal y machista

Karina Sánchez de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) afirmó que “el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo ejerce sistemáticamente la violencia machista y patriarcal”, particularmente hacia mujeres que han alzado su voz para denunciar las múltiples violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen. 

Sánchez destacó que el Comité expresó preocupación por la alta incidencia de agresiones y actos de violencia sexual en casos de mujeres privadas de libertad por motivos políticos y por el encarcelamiento de mujeres trans en centros para varones. En este sentido, el CAT instó al Estado a adoptar medidas para cesar los actos de represión y violencia en contra de personas defensoras, e investigar de manera pronta, independiente y exhaustiva los actos de uso excesivo de la fuerza, tortura y malos tratos en el marco de las protestas iniciadas en abril 2018. 

Pronunciamiento

El Centro para los Derechos Civiles y Políticos (CCPR-Centre), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras (IM-Defensoras), el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad); el Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ) y la Unidad de Registro (UDR) agradecemos los esfuerzos de las personas defensoras de derechos humanos y de las personas miembros del Comité contra la Tortura que, pese a las condiciones adversas y la falta de cooperación del Estado, continúan monitoreando, documentando y denunciando las graves violaciones de derechos humanos que se cometen en Nicaragua.

Una vez más hacemos un llamado al Estado de Nicaragua a cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, particularmente con las recomendaciones brindadas por el CAT. Es imperativo que el Estado proceda a la liberación inmediata y sin condiciones de las personas privadas de libertad por motivos políticos y que, mientras esto suceda, garantice que cesen los actos de tortura y se proporcionen condiciones de detención acordes a los estándares internacionales. 

Asimismo, el Estado debe garantizar imparcialidad del Sistema de Justicia Penal y de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, pues solo así se podría asegurar credibilidad en las investigaciones de las violaciones de derechos humanos cometidas contra las personas privadas de libertad por motivos políticos, los pueblos indígenas y afrodescendientes, mujeres y otras poblaciones en situación de vulnerabilidad.  

Finalmente, invitamos a la comunidad internacional a responder contundentemente y valerse de todos los recursos a su alcance  para que el Estado de Nicaragua rinda cuentas por las violaciones de los derechos humanos cometidas desde abril de 2018, y cesen las detenciones arbitrarias y los actos de tortura que realiza actualmente. 

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