Mensaje desde la Red de Defensa Jurídica para delegaciones en la IX Cumbre de las Américas

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Les enviamos este mensaje desde la Red de Defensa Jurídica, en la que participamos organizaciones de Nicaragua, Costa Rica y los Estados Unidos de América. Abogamos por la seguridad jurídica de periodistas y medios mediante asesorías, asistencia legal, capacitaciones y acceso a recursos y herramientas jurídicas.

Nicaragua es un país donde ejercer la libertad de expresión es un delito. Es un lugar donde hacer periodismo independiente está criminalizado por leyes arbitrarias e inconstitucionales, periodistas son perseguidos por instituciones del estado y fanáticos del gobernante FSLN, y se ejecutan procesos instrumentalizando el poder judicial, con jueces sometidos al poder del presidente Daniel Ortega.

En 2021 la organización local Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, PCIN, registró 1,520 agresiones de distinto tipo en contra de periodistas y medios de comunicación independientes. Por tal razón Nicaragua fue ubicada en la “zona roja” del ranking elaborado por Reporteros Sin Fronteros (RSF). Ocupó el lugar 121. Un retroceso de cuatro puestos con relación al 2020.

Esto es el resultado de haber sido designados como “enemigos” del poder político que se ha enquistado en el estado de Nicaragua desde 2007. Ortega, su esposa, sus hijos y divulgadores de su partido han expresado que son “mercenarios de la información”, “asalariados del Imperio”, “fabricantes de mentiras” y “enemigos del pueblo” todos los medios y periodistas que no se pliegan a su narrativa ni a su afán de
discurso único.

Tal designación ha resultado entre 2018 y 2022 en un periodista asesinado (21 de abril de 2018) mientras cubría una protesta ciudadana en la caribeña ciudad de Bluefields, dos periodistas muertos en el contexto de la pandemia en esa misma ciudad por atención tardía en el sistema de salud, más de 120 periodistas exiliados, seis periodistas juzgados y condenados por injurias o calumnias entre 2019 y 2020, y seis periodistas condenados a entre 8 y 13 años de prisión en 2022 por manifestar su pensamiento, opinar sobre la situación del país, informar de manera independiente, decir que aspiraban a ser Presidente del país, o por ser gerente del principal periódico impreso de Nicaragua.

El 8 de septiembre de 2021, el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más publicó el informe “Persecución y criminalización del periodismo en Nicaragua”, en el que se identifican ocho estrategias del estado de Nicaragua, desarrolladas entre 2018 y 2021, para destruir al Periodismo Independiente en el país. Estas son: Criminalización y judicialización, ataques a la integridad física y psicológica de periodistas,
daño patrimonial a medios y periodistas, violaciones a la libre movilización, circulación y residencia, obstáculos para el ejercicio periodístico, persecución fiscal y aduanera, garantías de impunidad a perpetradores y desplazamiento forzado de periodistas. (Página 4)

En línea con lo anterior, el primer informe VIBE (Barómetro del Vigor de la Información) sobre Nicaragua, desarrollador por IREX (www.irex.org) concluyó que “en Nicaragua hay graves violaciones a la libertad de expresión y la libertad de prensa de parte del gobierno que ha establecido una política represiva sobre los ciudadanos y los medios de comunicación independientes. La población tiene limitado su derecho a expresarse libremente, hay temor para expresar las opiniones en público, especialmente las opiniones políticas, tampoco hay acceso a información pública y el gobierno impone dificultades para que reciba información a través de canales independientes, principalmente de la prensa independiente. Dos de las leyes más restrictivas aprobadas recientemente son la Ley de Agentes Extranjeros y la Ley Especial de Ciberdelito que violan de manera flagrante derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política”. (Página 35)

Décadas atrás, el periodista Pedro Joaquín Chamorro Cardenal afirmaba que sin libertad de prensa no había democracia. Eso es Nicaragua hoy. Otra dictadura se ha erigido sobre el sufrimiento de la sociedad.

El régimen Ortega se basa en la destrucción de todas las libertades y en el afán de imponer un discurso único, a pesar de la diversidad de lenguas, culturas y pensamientos existentes en el país.

Reportar tal situación ha convertido al periodismo independiente en blanco de la ira del presidente Ortega, su esposa, sus hijos, su sistema de propaganda, sus seguidores y del Sistema Judicial. Durante las masacres de las protestas civiles de 2018, la CIDH-OEA tipificó el comportamiento del estado en contra del periodismo como “la cuarta fase de la represión”. Tal represión no ha concluido. Se ha vuelto más sofisticada. Ha diseñado leyes específicas para legalizar su desenfrenada agresividad.

La persecución y criminalización del periodismo independiente también alcanza a las fuentes informativas. Quien se atreva a comentar, analizar o criticar la realidad que atraviesa el país se vuelve blanco de la represalia estatal. Por tal razón, los niveles de auto censura son los peores desde los años de la dictadura de la familia Somoza (1934 – 1979). Empleando turbas, funcionarios y comisarios políticos han callado a personal médico, universidades, centros de pensamiento, organizaciones civiles, líderes rurales e indígenas, líderes estudiantiles, clérigos, diplomáticos, y personas expertas en distintas áreas del conocimiento. En ese sentido, más de 350 organizaciones de la sociedad civil han sido canceladas por la Asamblea Nacional, violando el derecho de asociación, participación, pensamiento y expresión.

Por todo lo anterior aseguramos que en Nicaragua a la libertad de prensa la han convertido en un crimen. La CIDH ha otorgado desde 2018, más de 60 medidas cautelares para periodistas y comunicadores de Nicaragua. Es una cifra nunca vista en la historia de Centroamérica.

En este mes de junio de 2022, cuando delegados de todos los países de las Américas se dan cita en Los Ángeles para discutir los temas de la democracia en el continente, solicitamos encarecidamente vuelvan su atención hacia Nicaragua, un país pequeño, uno de los más pobres del hemisferio, y uno de los que más intensamente ha estado expulsando a su población desde 2018. Costa Rica, Estados Unidos, España
y otros países más pueden dar fe de ello.

Las causas fundamentales son la falta de libertades ciudadanas y de oportunidades que no puede ofrecer un sistema que ha destrozado cuanta institucionalidad democrática se erigió a partir de 1990, que ha herido profundamente el tejido social, que solo se afana en drenar la riqueza del país hacia pocos bolsillos y en mantenerse en el poder a cualquier costo.

La mejor solución a la profunda crisis que atraviesa Nicaragua es la Libertad de Prensa. Si hay Libertad de Prensa, habrá Libertad de Expresión. Si hay Libertad de Expresión, habrá Democracia. Si hay Democracia habrá Justicia, desarrollo y oportunidades para cada nicaragüense.

Mientras ustedes leen este mensaje cientos de nicaragüenses están abandonando Nicaragua. Más de 200 mil lo han hecho a partir de 2018. Por falta de Democracia, porque el estado viola cotidianamente los derechos humanos de la población, porque ese régimen solo puede ofrecer opresión y pobreza. Algunos de estos migrantes llegarán a su destino en Europa, Norteamérica y países de Centroamérica. Otros serán detenidos por las autoridades de los países por donde transitan. Y otros más, morirán a manos de criminales o en las aguas del Río Bravo.

Por favor, vuelvan sus ojos hacia Nicaragua.

Deseamos el mejor de los éxitos a la IX Cumbre de las Américas

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