Otorgan medidas cautelares al preso político Gustavo Adolfo Mendoza Beteta y su familia

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El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca+, informa que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor del preso político Gustavo Adolfo Mendoza Beteta y su familia, solicitadas por el Colectivo.

En la reciente resolución 37/2021 se detalla que Mendoza Beteta, se encuentra privado de libertad en la cárcel Jorge Navarro (conocido como “La Modelo”) y que además se beneficia a su núcleo familiar compuesto por María del Rosario Beteta Castañeda, Domingo Mendoza y Marbely Leal López, señalando que la situación reúne “prima facie” los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad contenidos en el artículo 25 del Reglamento de la CIDH.

En la medida cautelar 96-21 de la CIDH se detalla que Mendoza Beteta participó activamente en las protestas de abril 2018 asistiendo a las marchas y el 11 de mayo del mismo año fue detenido y golpeado por agentes policiales para luego ser llevado al Distrito II donde continuó la agresión hasta fracturarle la clavícula. El 7 de junio de 2019 fue condenado en un proceso judicial lleno de irregularidades por supuesto robo agravado en contra de un agente policial. El 30 de diciembre de 2019 fue liberado junto a 90 personas presas políticas, pero fue hostigado en su casa por policías y parapolicías y detenido en al menos dos ocasiones hasta que el 29 de julio de 2020 fue nuevamente detenido, acusado primero por alterar el orden público y posteriormente agentes policiales informaron que supuestamente le habían encontrado droga por lo que fue procesado y condenado a 10 años de cárcel.

Como preso político, Mendoza Beteta se encuentra en condiciones inadecuadas y siendo objeto de amenazas y actos de violencia por parte de agentes estatales. En este contexto, su familia también es blanco de hostigamientos y de vigilancia. En la medida cautelar 96-21 de la CIDH se señala que Mendoza comparte una celda pequeña con otras 20 personas, sin las condiciones mínimas de higiene, pues no habría baño, agua de pozo, luz solar o ventilación, estaría durmiendo en el piso y recibiendo comida cruda. También se establece que es víctima de agresiones y amenazas por parte de agentes penitenciarios y de otras autoridades estatales.

En su respuesta, el Estado de Nicaragua niega los hechos, afirma que Mendoza Beteta es un reo que cumple una condena por “delito común”, que no tiene registrada ninguna denuncia del encarcelado ni de un familiar en contra de algún funcionario del penitenciario y alega que no existe hacinamiento ni falta de acceso a servicios básicos para su reclusión. También señala “sin fundamentos” y “falsos” los alegatos sobre maltratos y amenazas, finalizando con que se encuentra bien de salud. El documento expone que el Estado pese a negar los señalamientos no aportó elementos o pruebas sobre lo que refuta, ni certificados médicos de Mendoza Beteta.

En la Resolución 37/2021 y de acuerdo con el artículo 25 de su Reglamento, la Comisión solicita a Nicaragua que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de Gustavo Adolfo Mendoza Beteta y su núcleo familiar. “El Estado deberá tanto asegurar que sus agentes respeten los derechos de las personas beneficiarias, de conformidad con los estándares establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos”, se especifica en la resolución.

También la CIDH solicita al estado que “adopte las medidas necesarias para asegurar que las condiciones de detención de Mendoza Beteta se adecúen a los estándares internacionales aplicables” e “informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de las medidas”.

Para el Colectivo el presente caso evidencia no solo la impunidad que existe en Nicaragua, sino los tratos crueles e inhumanos contra las personas presas políticas, en particular contra Mendoza Beteta quien participó el año pasado, desde el penitenciario junto a otros presos políticos, en una huelga exigiendo su libertad. Además, la familia de Mendoza es hostigada y perseguida en represalia por exigir justicia para su familiar.

Exigimos al Estado de Nicaragua la inmediata libertad de todas las personas presas políticas y el cese de las agresiones en contra de la ciudanía que reclama el derecho a la verdad, justicia, reparación y no repetición.

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