Informe: La libertad de expresión y prensa bajo ataque permanente

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La libertad de expresión y de prensa son derechos cuyo ejercicio ha sido limitado y reducido con el desmontaje del estado de derecho y el espacio democrático, realidad agravada desde abril de 2018, en el marco de la implementación de una Política de Estado dirigida a desmovilizar las protestas ciudadanas. Como blanco de la acción estatal se encuentran periodistas, defensoras y defensores de derechos humanos, quienes desde su labor denuncian y documentan las violaciones de derechos humanos contradiciendo el discurso gubernamental empeñado en negarlas.

El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más presenta el Informe La libertad de expresión y prensa bajo ataque permanente. Esta sistematización de las principales violaciones de derechos humanos en perjuicio de las y los periodistas nicaragüenses, está dedicada a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos perpetradas por el Estado de Nicaragua, especialmente, al periodista Ángel Eduardo Gahona López, asesinado el 21 de abril de 2018 en la ciudad de Bluefields, Región Autónoma del Caribe Sur de Nicaragua mientras daba cobertura a las protestas sociales. A tres años de este crimen su asesinato continúa en la impunidad.

“A partir del estallido social, ya no trabajas igual, trabajas bajo supervisión, bajo vigilancia, no sé qué peligro representamos”.

Geraldine Domínguez Farías

Casos documentados

El Colectivo ha documentado 18 denuncias de periodistas sobre diferentes abusos en su perjuicio, contra familiares y/o el medio en el que trabajan, 12 de los cuales
se desplazaron forzosamente fuera del país, ocho de ellos/as a Costa Rica, dos a Estados Unidos y dos a España. 17 de los testimonios narran hechos de violaciones a derechos humanos durante y después de las protestas, uno de ellos salió del país antes de las protestas, al ser víctima de un atentado.

El Colectivo solicitó 3 medidas cautelares ante la CIDH a favor de periodistas, familiares y medios de comunicación, mediante las cuales se ha brindado protección internacional a 13 periodistas y personal de prensa del medio local matagalpino, NOTIMATV, dirigido por Eduardo Montenegro, quien debido a las graves amenazas y asedio en su contra se vio forzado al exilio, en Estados Unidos junto a su familia.

No cabe duda que entre 2020 y 2021 el gobierno nicaragüense amplió y afinó los mecanismos represivos para limitar todavía más la libertad de expresión y prensa: la implementación de un marco legal para perseguir; los sistemáticos abusos a periodistas dirigidos a obstaculizar su labor y el hostigamiento permanente, incluso en las viviendas como la de Aníbal Toruño, director de Radio Darío en la ciudad de León y Kalúa Salazar, jefa de prensa de Radio La Costeñísima, en la ciudad de Bluefields.

“…hoy tenía que ir a comprar leche para mis niñas, y no puedo salir. Mi mamá tiene miedo por nosotros y es claro que el riesgo es latente y es una evidencia de como trabajarán para las elecciones, para que no podamos cubrir”.

Kalúa Salazar, jefa de prensa Radio La Costeñísima, quien es asediadia diariamente en su vivienda
Kalúa Salazar denunció en sus redes sociales el acoso diario que viven ella y su familia. En la imágen una de las hijas de Salazar pasa a la par de un policía antimotín. Foto Cortesía

Del 2018 a la fecha

El 18 de abril de 2018 durante la cobertura periodísticas a las protestas, la represión iniciaría con agresiones al periodismo independiente; cuando un equipo del canal 100% noticias fueron despojados de sus medios por simpatizantes del FSLN, en presencia de los agentes policiales35; dos días después agentes paraestatales incendiaron la Radio Darío. El 21 de abril sería asesinado el periodista Ángel Gahona en Bluefields, su muerte aún se mantiene en la impunidad, ya que, según la CIDH, hubo irregularidades en el proceso investigativo; a junio de 2018 al menos 11 periodistas ya habrían sido agredidos.

Cabe señalar que en el marco de estas protestas 14 de las y los periodistas entrevistados por el Colectivo refirieron haber sido víctimas de algún tipo de amenazas, agresiones u hostigamientos, o cualquier otra violación a derechos humanos como represión a su labor periodística. Estas acciones fueron ejecutadas tanto por agentes estatales como paraestatales y personas afines al gobierno.

Las amenazas, hostigamientos y agresiones fueron generalizados y sistemáticos en el territorio nacional durante el primer año de las protestas; luego esta represión evolucionó y se volvió selectiva. Además los y las periodistas fueron víctimas de campañas de desprestigio, acoso y amenazas por redes sociales, vigilancia policial, detenciones y otras violaciones a sus derechos humanos.

“Al salir de mi país se quedaron varias metas y sueños por realizar, además de una carrera periodística que se encontraba en ascenso, pero se trataba de sobrevivir y salvaguardar el bien más preciado que es la vida, aunque mi familia está siendo asediada por los CPC del barrio”.

Denuncia periodista CJR

Exilio forzado

Diferentes informes de organizaciones que aglutinan a periodistas señalan que al menos 90 periodistas y trabajadores de medios, tuvieron que salir del país para resguardar sus vidas y la de sus familias. El Colectivo ha podido documentar 12 testimonios de periodistas exiliados. Estos refirieron haber salido del país debido a las amenazas, actos de hostigamientos y asedios constantes recibidos por el ejercicio de su labor periodística.

Este desplazamiento forzado se dio entre los meses de junio de 2018 a septiembre de 2019. Siete (7) coincidieron en que antes de salir del país estuvieron en casas de seguridad o se vieron obligados a desplazarse dentro del país, es decir, salir de sus viviendas por el temor a ser capturados o ser víctimas de algún tipo de ataque.

Las condiciones socioeconómicas y humanitarias de las y los periodistas en el exilio han sido, en su mayoría, precarias, con un difícil acceso a fuentes laborales, compatibles con su formación y labor periodísticas. En el punto más álgido, hubo más de 90 periodistas y personal de medios de comunicación exiliados, mayoritariamente en Costa Rica, país donde se creó el capítulo PCIN Costa Rica, que llegó a agrupar al menos a 25 hombres y mujeres de prensa desplazados forzadamente debido a la persecución política.

Según los testimonios recabados por el Colectivo, inicialmente menos del 10% de este gremio logró obtener trabajo como periodistas o trabajar en medios de comunicación; el 90% se desempeñó en trabajos informales, tales como conductores para entrega de comida rápida (Uber Eats, Glovo, Rappi, entre otras) ya sea en motocicletas o bicicletas propias o alquiladas, obteniendo un ingreso menor a la mitad del salario mínimo.

“Por mi trabajo, que sigo haciendo a pesar de estar exiliado, el asedio a mi familia no se ha detenido siempre tengo información de que hay vigilancia, hay monitoreo y también ha habido represalias contra mi familia en Nicaragua, muchas veces no se denuncia por no exponerlos más, pero todo esto obedece a mi trabajo periodístico, a la denuncia que hago, a la incidencia que tenemos los periodistas para informar lo que está pasando”.

Gerall Chávez, periodista en el exilio del portal digital Nicaragua Actual

Descargue el informe completo aquí

Informe de Libertad de Expresión y Prensa
La libertad de expresión y de prensa son derechos cuyo ejercicio ha sido limitado y reducido con el desmontaje del estado de derecho y el espacio democrático, realidad agravada desde abril de 2018, en el marco de la implementación de una Política de Estado dirigida a desmovilizar las protestas ciudadanas. Como blanco de la acción estatal se encuentran periodistas, defensoras y defensores de derechos humanos, quienes desde su labor denuncian y documentan las violaciones de derechos humanos contradiciendo el discurso gubernamental empeñado en negarlas.
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