Incluir a la población migrante con estatus irregular en el plan vacunación contra Covid-19 es un derecho humano

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Ante el anuncio del gobierno costarricense de incluir a la población migrante en condición irregular en su plan de vacunación contra la COVID-19, organizaciones de sociedad civil enviaron una carta al Presidente de la República, el Ministro de Salud y la Coordinadora del Programa de Inmunizaciones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) expresando su apoyo a la decisión de garantizar la vacunación de todas las personas en el territorio costarricense.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Servicio Jesuita para Migrantes – Costa Rica, Centro de Derechos Sociales del Inmigrante (CENDEROS), el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +, y el Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE) de la Universidad Estatal a Distancia, organizaciones firmantes, recordaron que, desde una perspectiva de derechos humanos, la garantía del acceso a las vacunas debe ser de conformidad al principio de igualdad y no discriminación y recordaron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) señaló que “los Estados deben garantizar que las personas migrantes tengan acceso a los programas de vacunación sin ninguna distinción basada en su nacionalidad o estatus migratorio, en igualdad de condiciones que las personas nacionales y residentes”.

Las organizaciones reconocieron además que las personas migrantes con un estatus migratorio irregular enfrentan problemas estructurales de exclusión y discriminación, y que, ante la falta de directrices claras sobre el acceso a los servicios de salud relacionados con el COVID-19, su vacunación ha quedado al arbitrio de los funcionarios de la CCSS.

Al respecto, las organizaciones instaron al gobierno a que el plan de vacunación que creará se enfoque en remover las barreras de facto que impiden el acceso equitativo a las vacunas por parte de las personas migrantes. Entre otras, llamaron al Estado costarricense a garantizar las siguientes medidas:

Evitar la implementación de medidas que provoquen discriminación indirecta de la población en cuestión, asegurando el libre y equitativo acceso al programa de vacunación.
Adoptar alternativas de registro para las personas migrantes que no cuenten con documentos de identificación ni historias médicas.
Promulgar salvaguardias en el acceso a las vacunas contra el covid-19 y la aplicación de la ley migratoria, esto con el fin de evitar el miedo o el riesgo de detención, deportación y otras sanciones por el estatus migratorio de las personas.
Realizar capacitaciones a funcionarios públicos, principalmente del área de salud, para la adecuada implementación del programa de vacunación a nivel nacional, garantizando el acceso equitativo.

Descargue la carta aquí

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