Estado de Nicaragua continúa con masivas y arbitrarias cancelaciones de organizaciones sin fines de lucro

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El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más condena la cancelación arbitraria de la personalidad jurídica de 100 organizaciones no gubernamentales por supuestamente incumplir la Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro, Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y la Ley de Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Entre las organizaciones canceladas están los clubs de Leones de Managua y Granada, la Asociación de la Mujer Marjorie Tult, el hogar de anciano Dios es Amor y la Fundación Albergue de Mujeres Nicaragüenses La Buena Esperanza.

Denunciamos el ensañamiento del régimen Ortega Murillo contra asociaciones de mujeres, indígenas o autonómicas, de la niñez, campesinas y la continuidad de procesos administrativos arbitrarios e inconstitucionales que amenazan con cancelar más organizaciones.

El régimen Ortega Murillo, utilizando a la Asamblea Nacional junto con el Ministerio de Gobernación, ha cancelado la personalidad jurídica de al menos 1374 organizaciones, tanto nacionales como internacionales.

El propósito de estas cancelaciones es ejercer un control absoluto y silenciar a la sociedad; perseguir a quienes opinan diferente y establecer un pensamiento único, violentando los derechos humanos del pueblo nicaragüense.

Nuevamente la Asamblea Nacional propone una aberración jurídica con la iniciativa de ley de reforma y adiciones a la Ley 1115 Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro en donde se pretende que el Ministerio de Gobernación sea quien regule la entrega y cancelación de personalidades jurídicas lo cual violenta el artículo 138 numeral 5 de la Constitución Política de Nicaragua.

El referido artículo es categórico en determinar las atribuciones de la Asamblea Nacional, específicamente en “otorgar y cancelar la personalidad jurídica a las asociaciones civiles”.  Es decir que es una atribución exclusiva, excluyente y de potestad indelegable de la Asamblea Nacional.

Una ley ordinaria no pude trasladar esa función a otra dependencia del estado, sería un abuso más de poder, un atentado a la normativa jurídica y por lo tanto inconstitucional.

Denunciamos la sistemática represión que el régimen impulsa contra organismos de la sociedad civil a quienes se les vulnera el derecho de libertad de asociación, participación política, el legal y debido proceso, así como la contribución al desarrollo de Nicaragua.

Expresamos nuestra solidaridad a las personas víctimas y beneficiarias de las organizaciones canceladas; exigimos el cese de la represión, la derogación de todas las leyes represivas y la libertad de las más de 190 personas presas políticas en Nicaragua.

Descargue aquí el pronunciamiento

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