En Nicaragua continúa la masacre de derechos, 660 organizaciones de la sociedad civil canceladas arbitraria e inconstitucionalmente desde 2018

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El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más condena la cancelación arbitraria de la personalidad jurídica de 98 organizaciones no gubernamentales por supuestamente no inscribirse de acuerdo con la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y violar la Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro y la Ley contra el Lavado de Activos.

En la intensa represión el régimen Ortega Murillo, hoy mandó a cancelar a las organizaciones: Fundación centro de atención integral a la mujer Oyanca, Asociación para el desarrollo integral de las mujeres del Cua, Fundación indígena para el desarrollo socioeconómico de la Costa Caribe Nicaragüense, entre otras.

Desde 2018 a la fecha, el Estado de Nicaragua, mediante una Asamblea que no delibera ni fundamenta sus decisiones parlamentarias, ha cancelado la personalidad jurídica de al menos 660 organizaciones, tanto nacionales como internacionales, con el propósito de ejercer un control absoluto y silenciar a la sociedad; perseguir a quienes opinan diferente y establecer un pensamiento único, violentando los derechos humanos del pueblo nicaragüense.

El régimen amenaza con el cierre de más organizaciones a través del brazo ejecutor de la Asamblea Nacional y el Ministerio de Gobernación, lo que constituye la continuación de la masacre de derechos y toda forma de espacio cívico del pueblo de Nicaragua. En ese sentido, en los más de cuatro años de sistemática persecución, se han realizado ejecuciones arbitrarias, con privación del derecho a la vida de al menos 355 personas (2018-2019); detenciones arbitrarias de al menos 1700 personas (desde 2018), muchas de ellas, condenadas arbitraria e injustamente y sometidas a tortura y todo tipo de crueldad para anular su integridad personal y humana; persecución y criminalización sistemática; la concentración absoluta del poder, el atentado contra el derecho de elegir y ser electo, para imponer un continuismo ilegítimo y dinástico; así como el cierre de toda forma de espacio libre, mediante un estado de terror.

Todas estas acciones mantienen en desarrollo una masacre de derechos humanos, teniendo el país por cárcel y forzando a un desplazamiento que es un verdadero éxodo con consecuencias trágicas para el proyecto de vida de todo el pueblo nicaragüense.

Denunciamos la sistemática represión que el régimen impulsa contra organismos de la sociedad civil a quienes se les vulnera el derecho de libertad de asociación, participación política, el legal y debido proceso, así como la contribución al desarrollo de Nicaragua.

Expresamos nuestra solidaridad a las personas víctimas y beneficiarias de las organizaciones canceladas; exigimos el cese de la represión, la derogación de todas las leyes represivas y la libertad de las 190 personas presas políticas en Nicaragua.

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