Documento de consideraciones a la Ley Especial de Ciberdelitos

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En Nicaragua, la libertad de expresión es un derecho que ha tenido serias limitaciones a lo largo de su historia, sin embargo, desde 2008 empezó un retroceso grave. En las elecciones municipales de dicho año se registró la agresión y lesión a al menos 20 periodistas independientes y la irrupción de 40 personas armadas y encapuchadas en las instalaciones de Radio Darío, Radio Metro Stereo y Radio Caricias, todas de la ciudad de León .

La violencia hacia los medios de comunicación y periodistas independientes continuó e incrementó en 2011. A inicios de ese año El Nuevo Diario publicó artículos de investigación periodística sobre el asesinato de Gabriel José Garmendia, un opositor al régimen Ortega Murillo; a raíz de ello, Luis Galeano, jefe de redacción del periódico, y Silvia González, corresponsal del periódico en Jinotega, recibieron amenazas de muertes, las cuales se fueron intensificando hasta obligar el exilio de la periodista González . En el mismo año se negociaba la venta de Canal 2 al empresario Ángel González, aliado de la pareja presidencial, esta acción suponía el control de al menos 7 canales de televisión nacional .

En 2014 se recrudecería la agresión y hostigamiento en contra del periodismo independiente. Debido a estas agresiones constantes, 82 periodistas presentaron una carta a la Policía Nacional en la que solicitaban protección , sin embargo, se hizo caso omiso; en noviembre de dicho año se solicitaron medidas cautelares a la CIDH para la periodista Elizabeth Romero, quien habría sido amenazada y estigmatizada como dirigente de la contra, exponiéndole a agresiones . Entre 2014 y 2015 se inició con la cancelación de múltiples medios de comunicación, entre ellos los canales 29 y 50 de Chinandega.

Censuras, intimidación y amenazas fueron las acciones de las cuales eran víctimas los/as periodistas en el país durante 2016, además de ser víctimas de campañas de acoso, detenciones arbitrarias, amenazas de muerte y agresiones durante múltiples manifestaciones . El informe de 2017 de la relatoría para la libertad de expresión de la CIDH habría determinado en Nicaragua la existencia de un duopolio en los medios de comunicación del país, así como la persistencia de amenazas de muertes, agresiones y cierre de espacios y aumento de las restricciones en el ejercicio del periodismo.

Violaciones a la libertad de expresión, criminalización y persecución al periodismo en Nicaragua posterior a abril de 2018

Las protestas del 18 de abril de 2018 comenzaron con una fuerte represión a la libertad de expresión y al periodismo independiente, siendo desde el primer día varios/as periodistas golpeados por agentes paraestatales, quienes además cometieron actos de robo , todo con la presencia, el amparo y complicidad activa de agentes policiales, esta violencia aumentaría al día siguiente cuando el Estado optó por aumentar la represión.

El 21 de abril el periodista Ángel Gahona fue asesinado, mientras daba cobertura periodística en Bluefields; posterior se detuvo y procesó a presuntos autores del hecho, aun cuando los señalamientos e hipótesis inculpaban a agentes policiales. Para el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) “las profundas deficiencias en la investigación –que también serán oportunamente reveladas- permiten inferir que el trámite judicial no tuvo otro propósito que el de mostrar rápidamente resultados con relación a una muerte que había alcanzado notoriedad nacional e internacional.

La CIDH recogió en su informe de “Graves violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas sociales en Nicaragua” graves hechos de violencia y bloqueos en contra de periodistas y medios de comunicación independientes, dentro de las acciones documentadas expresó el bloqueo a coberturas periodísticas, la suspensión de señales de transmisión a distintos medios de comunicación, agresiones a al menos 18 periodistas a junio de 2018, amenazas de muertes que hicieron desplazarse forzosamente a periodistas y provocar la autocensura, además de la quema a Radio Darío en León por agentes paraestatales, dentro de la cual aún se encontraba personal, y los ataques al canal 100% noticias el 30 de mayo del mismo año (párrafos 199-215).

Durante el resto de 2018 hasta la fecha las violaciones contra periodistas y medios de comunicación independientes han ido en aumento agravándose con la aprobación de la Ley Especial de Ciberdelitos. A manera de consideración general, desde el Colectivo expresamos que la Ley 1042, Ley de Ciberdelitos, conocida como Ley bozal, es parte del combo legislativo que pretende intimidad para callar y desmotivar a todo un pueblo que ha decidido vivir en libertad. Que todas esas leyes carecen de validez por ser contrarias a nuestra Constitución Política y a los derechos reconocidos en ella e instrumentos internacionales de derechos humanos. En consecuencia, son leyes ilegítimas y como tales la ciudadanía está en su pleno derecho de rechazarlas.

Más detalles del análisis jurídico de esta ley aquí

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