Consideraciones sobre la Ley No. 1040, Ley de Regulación de Agentes Extranjeros

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La Ley 1040, Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, vigente en Nicaragua, a partir de su publicación en la Gaceta Diario Oficial el 19 de octubre de 2020, viola derechos y garantías establecidas en nuestra Constitución Política e instrumentos internacionales de derechos humanos, por cuanto sus disposiciones son la continuación e intensificación de la persecución contra los derechos y ejercicio de la ciudadanía, contra activistas, opositores y todas aquellas personas cuyos ingresos provengan de la cooperación o la solidaridad internacional.

A continuación, compartimos las razones por las cuales consideramos que esta Ley es inconstitucional y violatoria de derechos humanos:
La Ley 1040 en sí misma, tiene la naturaleza de una sentencia condenatoria en perjuicio de todas aquellas personas que trabajen o reciban fondos extranjeros (y no estén dentro de las excepciones)1, asignándoles la calidad de “agentes extranjeros” condición que acarrea como consecuencia directa, según dicha Ley, suprimir el ejercicio de sus derechos políticos (realizar actividad política de cualquier tipo, violando la igualdad en los derechos políticos, así como la inhibición del derecho de ser electo) como si de una sentencia penal o de interdicción civil se tratase generando violaciones a sus derechos humanos.

Si bien la referida ley no establece, que el “agente extranjero” esté cometiendo algún delito, automáticamente los sanciona al restringir sus derechos humanos y constitucionales como si lo hubiere cometido.

Partiendo del supuesto, que todas las personas “agentes extranjeros” están realizando actividades ilícitas, y que por ello se les está privando de sus derechos políticos, esto sería aún más grave, ya que toda falta o delito cometido por cualquier persona en nuestro ordenamiento jurídico debe ser debidamente imputado, acusado y procesado, mediante un legal y debido proceso; y no ser una condición establecida mediante una ley para un grupo indefinido de personas afectadas, lo cual es violatorio también del principio y derecho de la presunción de inocencia y demás garantías constitucionales.

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