CIDH otorga medidas cautelares a Yolanda González y su familia

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El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más informa que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de Yolanda del Carmen González Escobar y su núcleo familiar en Nicaragua, las cuales fueron tramitadas por este Colectivo, tras considerar que se encuentran en situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Nicaragua.

La CIDH emitió la resolución 42/22 referida a la medida cautelar MC-485-22, en donde señala que Yolanda González es opositora al actual gobierno nicaragüense y se encuentra en una situación de riesgo a raíz de amenazas, hostigamientos y vigilancia por agentes estatales y paraestatales desde el año 2018.

Yolanda y su familia han sufrido dos allanamientos con uso de violencia, sin que se hayan presentado orden judicial y fueron amenazados debido a la presunta organización de una misa. En dichos allanamientos dos niñas habrían sido asediadas por agentes policiales y toda la familia amenazada, además su situación de riesgo se intensificó desde el 2021 al punto que algunos de sus familiares se vieron obligados a desplazarse fuera del país.

Yolanda relata que el 15 de enero de 2021: “a las 5:30 de la mañana irrumpieron en mi casa los antimotines de forma violenta, quebrando puertas y apuntándonos con las armas; les reclamé que qué es lo que les pasaba, había un montón de patrullas, estuvieron como tres horas y media interrogándonos que dónde estaban las “armas”, rebatieron toda la casa y no encontraron nada…Cuando la Policía llegó sacaron a una de mis hijas y a una niña de cinco años sin ropa del baño, a otra la sacaron en toalla y la montaron en la patrulla, pero la bajaron, a mi esposo (Alejandro José García) lo tiraron en la cama y le preguntaban que dónde están las armas… a mi nieta B.A.C.M. de 14 años de edad, policías (varones) le tocaron sus pechos y sus partes genitales, dijeron que estaba sospechosa porque estaba nerviosa (evidentemente por la violencia policial) y que estaba “escondiendo algo”…ellos me llevaron a mí, me montaron en una camioneta Hillux, me montaron boca abajo y me llevaron allá por el Coyotepe, luego me regresaron para Masaya, me dijeron que me iban a llevar  al Chipote, me seguían preguntando por armas… (en la policía de Masaya) me agarraron de los antebrazos fuerte, me dijeron que si no decía dónde estaban las armas me iban a mandar al Chipote a torturarme, yo les dije que no tengo armas”.

La Comisión solicitó información al Estado en los términos del artículo 25 de su Reglamento, sin recibir respuesta.

La CIDH toma en cuenta al momento de calificar la situación de riesgo que los eventos de violencia e inseguridad de mujeres defensoras se ven influenciados por su género, estando expuestas particularmente a varias formas de violencia, incluida la sexual, así como violencia contra sus familias en represalias por su trabajo, en adición a otros obstáculos que amenazan el trabajo de personas defensoras en general.

La Comisión solicitó al Estado de Nicaragua que “adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de Yolanda del Carmen González Escobar y a su núcleo familiar. A tales efectos, el Estado debe tanto asegurar que sus agentes respeten la vida e integridad personal de las personas beneficiarias, como proteger sus derechos en relación con actos que sean atribuibles a terceros, de conformidad con los estándares establecidos en el derecho internacional de los derechos humanos”.

También solicita que se “concierte las medidas a adoptarse con las personas beneficiarias y sus representantes” e “informe sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente resolución y así evitar su repetición”.

El Colectivo demanda al Estado de Nicaragua el cumplimiento de las referidas medidas a favor de Yolanda y su familia para que se respete su vida, integridad personal y libertad individual.

También exigimos al Estado de Nicaragua cese de la represión contra la ciudadanía que reclama el derecho a la verdad, justicia, reparación y no repetición, y la inmediata libertad de todas las personas presas políticas.

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