2021: año en el que el periodismo nicaragüense vivió en un feroz ataque

Colectivo de Derechos Humanos / Noticias  / 2021: año en el que el periodismo nicaragüense vivió en un feroz ataque
  • Seguimiento a las recomendaciones sobre libertad de expresión del informe Violaciones de Derechos Humanos y abusos en el contexto de las protestas en Nicaragua

En abril de 2018 inició en Nicaragua una grave crisis de violaciones a los derechos humanos. El Estado hizo uso excesivo de la fuerza para disuadir las protestas sociales, ordenó disparar a matar a manifestantes desarmados en su gran mayoría jóvenes y desató una cacería a personas consideradas opositoras las que fueron secuestradas, encarceladas y torturadas.

Como propuesta a la salida de la crisis, la Conferencia Episcopal de Nicaragua llamó a un diálogo nacional en el que participó la sociedad civil a través de la representación de la Alianza Cívica y el Estado representado por el Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional (GRUN) . El 15 de junio de 2018 como resultado del diálogo se acordó “La invitación inmediata de parte de gobierno de la República al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Unión Europea” .

El 20 de junio de 2018, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) confirmó la carta de invitación realizada por el Gobierno para ingresar al país e hicieron efectivo su ingreso el 26 de junio y culminaron su visita el 29 de agosto de 2018 por medio de una comunicación de Cancillería de Nicaragua momentos después de haber publicado el Informe: “Violaciones de Derechos Humanos y abusos en el Contexto de las protestas en Nicaragua” . Durante la visita se reunieron con: funcionarios del Gobierno, agentes de policía, víctimas y sus familiares, testigos, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de derechos humanos, periodistas, abogados, representantes del sector empresarial, estudiantes, médicos y personal de emergencia.

Según el Informe, la OACNUDH constató las violaciones del derecho a la libertad de expresión en el que mencionan que a lo largo de la crisis ha sido restringida de manera sistemática y diversa, mencionando el desgate a libertad de prensa, la concentración de los medios de comunicación en manos del partido de gobierno y familia del presidente y la vicepresidenta.

Entre los actos violatorios a la libertad de expresión se relatan el asesinato de Ángel Gahona, las amenazas de muerte que reciben las y los periodistas, la detención arbitraria de trabajadores de medios de comunicación, robo de equipos, ataques físicos, destrucción de recintos de medios de comunicación independiente, imposibilidad para transmitir durante 6 días en señal de cable y abierta.

Vea el video sobre este artículo en el Youtube del Colectivo:

En ese sentido OACNUDH realizó 16 recomendaciones de las cuales 4 instan al Estado de Nicaragua a respetar el ejercicio del periodismo, en particular las número 1, 3, 4 y 9 las cuales se expresan a continuación con una valoración del cumplimiento:

1.Poner fin inmediato al acoso, intimidación, estigmatización, criminalización (incluido a través del uso de legislación anti-terrorista), y cualquier otro tipo de represalias en relación con la participación en las protestas, incluidas contra los manifestantes, personas defensoras de los derechos humanos, opositores políticos, periodistas y otros.

Esta recomendación no se ha cumplido en su totalidad, después de la expulsión de la OACNUDH, el régimen en Nicaragua continuó con acciones de acoso e intimidación a periodistas independientes, situación que se agrava en el mes de diciembre 2018 con el allanamiento y hostigamiento a Radio Darío el 3 de diciembre de 2018, cuando 4 patrullas de la policía nacional iniciaron actos de asedio a la radio en el que participaron al menos 40 antimotines quienes ingresaron tres horas después a eso de las nueve de la noche haciendo uso de la fuerza y detuvieron a 4 trabajadores de la radio.

Cabe destacar que Radio Darío fue incendiada el 20 de abril de 2018, dicho crimen no esclarecido a la fecha, por lo contrario, su director Aníbal Toruño permanece en el exilio luego de sufrir sistemáticos ataque y amenazas contra su vida.

Asimismo, el 14 de diciembre la Policía Nacional asaltó y se tomó las oficinas del medio de comunicación Confidencial ocupando sus instalaciones e impidiéndole ingresar al periodista Carlos Fernando Chamorro, el 21 de diciembre de 2018 después de meses de hostigamiento policial y daños a la infraestructura fue allanada también las instalaciones del medio televisivo 100% Noticias y detuvieron arbitrariamente a los periodistas Miguel Mora, Verónica Chávez y Lucía Pineda Ubau. Estos allanamientos fueron arbitrarios y violatorios al debido proceso, ya que se realizaron después de las 6: 00.pm y sin una orden judicial.

El 27 de octubre de 2020 la Asamblea Nacional aprobó la Ley Especial de Ciberdelitos, que intensifica ampliamente la regulación en el ámbito digital y la judicialización del periodismo en Nicaragua con artículos ambiguos. Esta ley es considerada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cómo una estrategia amplia de intensificación contra cualquier actor que se oponga a la narrativa oficial, en ese sentido la OACNUDH hizo un llamado al Estado a modificar esta ley y abstenerse de adoptar otras normas incompatibles con los estándares internacionales de derechos humanos.

Sin embargo, para el Estado no ha sido necesario el uso de la ley para criminalizar el periodismo ya que, en 2021, se dio el allanamiento ilegal del medio de comunicación Confidencial por segunda vez , del diario La Prensa que fue ahogado mediante la Dirección General de Aduanas (DGA) quienes le retuvieron el papel periódico hasta lograr el cierre y posteriormente allanada, también se ha judicializado a periodistas por injurias y calumnias sentenciados a pagar días multas, como resultado de la persecución al periodismo se contabiliza el exilio de más de 100 periodistas y trabajadores de la comunicación., incluyendo el actual desplazamiento forzado.

El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +, valora que el 2021 fue un año en el que el periodismo vivió en un feroz ataque, en su informe Persecución y criminalización del periodismo en Nicaragua identificó 7 tipos de represiones que atentan contra la integridad física y psicológica del periodismo entre las que más se destacan: Agresiones físicas las cuales también se han extendido a sus familiares, Discursos de odio dirigidos por funcionarios públicos y Campañas de descrédito o desprestigio a periodistas independientes.

3. Asegurar que se realicen prontamente investigaciones independientes, imparciales, efectivas, completas y transparentes en relación con todas las denuncias de serias violaciones a los derechos humanos y abusos que han ocurrido desde el 18 de abril, especialmente ejecuciones extrajudiciales, tortura, desapariciones forzadas de personas, arrestos y detenciones arbitrarias o ilegales; asegurar que las investigaciones criminales incluyan a todos aquellos que perpetraron, directa o indirectamente, ordenaron, apoyaron o toleraron dichos actos, incluyendo la cadena de mando de las autoridades implicadas. Estos actos no deberían quedar sin sanción.

Respecto a esta recomendación cabe destacar que el asesinato de Ángel Gahona no ha sido investigado de forma imparcial, nunca un oficial de la Policía, funcionario de la Alcaldía o agente paraestatal fue investigado por esta ejecución, al contrario, se intentó ocultar la verdad con la acusación a dos jóvenes afrodescendientes. Para el relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, “muestra una paradoja muy lamentable, la primera es que el Poder Judicial que es muy ágil para enjuiciar periodistas por sus publicaciones, es dramáticamente lento para llevar a la justicia a los responsables del asesinato de Ángel Gahona”.

Es importante mencionar que el Estado de Nicaragua no ha investigado un solo delito que se ha cometido contra periodistas, como ejemplo, según la organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) del 1 de marzo al 15 de junio de 2020 por medio del observatorio de agresiones a la prensa independiente se registran 351 delitos contra la libertad de prensa y acceso a la información.

4. Detener todos los arrestos ilegales, y liberar a todas las personas que han sido detenidas arbitrariamente; asegurar que el derecho al debido proceso de todas las personas acusadas sea respetado y que cualquier acusación criminal contra ellas sea acorde con los principios de legalidad, proporcionalidad y responsabilidad individual.

Si bien esta recomendación no menciona al periodismo, los arrestos ilegales se extendieron a periodistas, tal como se mencionó anteriormente que durante el allanamiento a 100% Noticias en 2018, fueron detenidos los periodistas Miguel Mora, Verónica Chávez y Lucia Pineda. En una ola de arrestos a precandidatos presidenciales a quienes acusaron con la Ley 1055 LEY DE DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL PUEBLO A LA INDEPENDENCIA, LA SOBERANÍA Y AUTODETERMINACIÓN PARA LA PAZ, fue arrestado el 21 de junio de 2021 en horas de la noche el periodista Miguel Mendoza quien ha sido critico del gobierno en redes sociales.
El Colectivo, ha identificado 9 tipos de represiones que criminalizan y judicializan al periodismo durante el 2021 entre ellos están: las amenazas de investigación y/o aplicación de ley de ciberdelitos (ley 1042); Interrogatorios intensivos, repetitivos e intimidatorios a personal de prensa y de medios de comunicación, generalmente realizados por el Ministerio Público; Privación arbitraria de la libertad a periodistas independientes y Fabricación de expedientes judiciales (Criminalización).

Hasta el 2021 al menos 6 periodistas fueron judicializados arbitrariamente por injurias y calumnias con el objetivo de silenciar el periodismo investigativo, esta figura no implica la privación de la libertad, pero si una multa y una descalificación al periodista procesado.

En 2021 se realizó una etapa de criminalización masiva de periodistas haciendo uso de la arbitraria Ley de Agentes Extranjeros, que provocó el cierre de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro que se sostenía de la cooperación internacional y como resultado 15 días después del cierre su presidenta Cristiana Chamorro fue citada por el Ministerio Público posteriormente se procedió a su captura (detención domiciliar) y la de los extrabajadores de la Fundación Marcos Fletes y Walter Gómez.

Según el comunicado 073-2021 del Ministerio Público “Con relación a la investigación de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro en total se entrevistaron a 158 personas”, el equipo de promotores del medio de comunicación La Prensa contabiliza que 57 de ellos son comunicadores y al menos 9 han sido citados en 2 o más ocasiones.

9. Terminar y penalizar la estigmatización pública de quienes critican las políticas y acciones del Gobierno.

Las acciones del gobierno respecto a esta recomendación han desatado un fuerte ataque a la imagen del periodismo independiente desde la presidencia y vicepresidencia, en medios de comunicación oficialistas Rosario Murillo se ha referido al periodismo cómo:

“Inventar cualquier cosa para sembrar el terror”, “malignos”, “hipócritas”, “destructores”, “criminales” y “terroristas” y “Hay que protegerse también de esas urracas parlanchinas cuyas plumas están llenas de odio, porque rezuman odio. Así los vemos, y así los repudiamos”

A estos discursos de odio se han sumado diputados de la Asamblea Nacional desde su presidente Gustavo Porras quien realizó la siguiente amenaza:

“Aquí nosotros hemos visto en los medios amenazar hasta al presidente de la República y a la compañera vicepresidente… eso es inaudito y no podemos seguirlo permitiendo…”

Esta narrativa ubica a los y las periodistas como “enemigos del país” : “El gran problema es que no solo emiten los criterios o la opinión, sino que son medios que mienten, que desinforman, que actúan en contra del país, y de las personas incluso, porque aquí desbaratan a cualquiera”. Asimismo, el diputado Carlos Emilio López los ha llamado «mentirosos y divulgadores de noticias falsas».

Es evidente el incumplimiento de las recomendaciones realizadas por OACNUDH desde su visita en 2018, esta situación ha venido escalando hasta provocar solamente en 2021 el desplazamiento forzado de más de 70 periodistas y personal de prensa de los cuales el Colectivo ha documentado el testimonio de al menos 45 de ellos, la detención 9 comunicadores entre ellos Miguel Mora que se encuentra detenido por segunda vez, el segundo allanamiento y confiscación del Medio de Comunicación Confidencial, embargo al medio de comunicación Canal 12 y el cierre del ultimo medio escrito en el país “La Prensa”.

En la 46ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, expuso que su oficina ha documentado 34 casos de intimidación, amenazas, criminalización y campañas de desprestigio contra medios de comunicación y periodistas considerados “opositores” y resalta el balance deficiente ante las recomendaciones de su informe anterior.

Desde el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, instamos a la comunidad internacional que continúe haciendo uso de acciones necesarias para que el gobierno nicaragüense cumpla con estas recomendaciones y las más recientes realizadas por OACNUDH, dichas recomendaciones defienden la libertad de prensa y buscan el camino para el retorno de la democracia en Nicaragua.

Abrir chat
¿Necesitas ayuda?
¡Hola!